Enrique Castillo,Opina.21
ecastillo@peru21.com
El presidente Ollanta Humala no ha querido –o no ha podido– admitir que la desaceleración tiene mucho que ver con la falta de capacidad y liderazgo del Gobierno –y sobre todo del mismo jefe de Estado– para llevar adelante una serie de necesarias reformas; para promover, destrabar y ejecutar importantes inversiones públicas y privadas en diferentes sectores; para saber elaborar y dictar medidas y normas que, haciendo sentir la mano reguladora y fiscalizadora del Estado, promuevan y faciliten la inversión.
La Ley de la Consulta Previa es un claro ejemplo de lo señalado.
Una norma necesaria y obligatoria se ha convertido en un vía crucis para el Gobierno mismo, que no sabe ahora qué hacer para salir de un desaguisado que amenaza con generar varios conflictos –ya enfrenta a varios ministerios–, mientras los inversionistas reciben diversas versiones sobre su implementación o exoneración.
Por otra parte, el Gobierno debe darse cuenta que con muchas de sus acciones u omisiones (léase, falta de definiciones y explicaciones claras) genera dudas, temores e inestabilidad; y lo que las inversiones –que son compromisos y esfuerzos de largo plazo– necesitan precisamente es claridad y estabilidad.
¿Cómo creer entonces que el presidente apuesta por la inversión privada si su discurso hoy es de dura confrontación con la clase política y con varios sectores del empresariado?
Para generar confianza tiene que haber capacidad y liderazgo y, sobre todo, coherencia entre el dicho y los hechos.
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