La Defensoría del Pueblo presentó –ante el Tribunal Constitucional– una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12º del Decreto Legislativo N° 1129, argumentando que este vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública –establecido en la Constitución– y solo la reconoce como “secreta”.
La norma señala que son secretos los “acuerdos, actas, grabaciones, transcripciones y, en general, toda información o documentación que se genere en el ámbito de los asuntos referidos a la seguridad y defensa nacional, y aquellas que contienen las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional”.
El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, aclaró que “no se busca debilitar a las fuerzas del orden sino fortalecerlas pues, en un Estado democrático, la transparencia existe para garantizar una gestión eficiente”.
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