Ellos ‘no creen en nadie’. Pese a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha endurecido las normas, los choferes asesinos y secuestradores siguen operando en la capital.
Una muestra de esto es lo que ocurrió, hace dos días, en San Isidro. Dany Ruiz del Águila, inspector de tránsito, fue atropellado por Rolando Arana Córdova para que el agente no le imponga una papeleta.
[San Isidro: Taxista ‘pirata’ atropelló a un inspector de tránsito]
En tanto, Jéssica Sandoval, técnico de tercera de la Policía Nacional, fue secuestrada por el chofer de un bus de la empresa Los Lobos, identificado como Luis Martínez Valentín, que quería evitar una multa.
En este último caso, el conductor hizo que los pasajeros agredieran a Sandoval, a la que arrojaron basura e insultaron.
Según el abogado Luis Quispe Candia, gerente general de la ONG Luz Ámbar, Arana podría ser castigado hasta con ocho años de prisión y Martínez hasta con 30 por lesiones graves y secuestro de funcionarios públicos, de acuerdo con el Código Penal vigente. Esto, claro está, si es que encuentran un juez sumamente drástico.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Para Quispe Candia, toda esta situación se origina por una falta de conocimiento de las nuevas normas. “La población no ha tomado conciencia de los cambios, que incluyen la cancelación definitiva de la licencia de conducir”, resaltó.
Al ser intervenidos, los infractores recién toman conciencia de la sanción, lo que, en cierta forma, explica los crecientes casos de agresión, que incluyen el intento de atropello a periodistas y a policías ocurridos hace pocos días.
La solución es que el Estado —en su conjunto— lleve a cabo una campaña informativa, la que debería ser liderada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Hay que motivar a la población a que cumpla las leyes”, manifestó el especialista.
También debe entrar a tallar el Consejo de Seguridad Vial, que incluye a varios ministerios, como el de Salud y Educación, y el que pareciera que está desactivado, pues no hace nada, opinó Quispe.
DATOS
- El Decreto Supremo 003-2104-MTC establece la cancelación definitiva del brevete a los choferes que hayan causado la muerte o lesiones graves a personas por infringir las normas de tránsito.
- Esta misma sanción se aplica a los que manejen con licencias suspendidas, retenidas o inhabilitadas. La multa es S/.3,800 (1 UIT).
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