El gerente general de la Empresa Municipal Administradora de Peajes (Emape), Rafael López,, justificó hoy que el costo de construcción del túnel Santa Rosa, que unirá San Juan de Lurigancho con el Rímac, se haya prácticamente duplicado y defendió que la comuna siga utilizando a la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) en este proyecto, pese a que cuestionó a la administración edil anterior por hacerlo.

Perú21 reveló hoy que la gestión de Fuerza Social encabezada por Susana Villarán ya no destinará para esta obra –que debió culminarse a mediados del 2011 y que ahora sigue paralizada– los S/.62 millones que inicialmente se presupuestaron, sino que invertirá S/.132 millones, dinero que saldrá de las arcas ediles.

López adujo que no era “novedad” que se vayan a destinar S/.70 millones más a la obra y alegó que el incremento responde a temas de seguridad del proyecto.

Aunque no quiso decir que el túnel estaba “mal hecho”, López indicó que ahora tendrá un “nuevo nivel de seguridad”. “Yo creo que en el momento, antes de comenzar los trabajos estaba adecuado, pero una vez avanzados los trabajos y ante la evidencia de lo que se estaba dando, es evidente que se requieren hacer serias mejoras”, indicó al recordar el derrumbe de febrero de 2011 en el proyecto.

CAMBIO DE OPINIÓN
El gerente edil también justificó que se haya decidido continuar de la mano de la OIM en el nuevo concurso público de las obras del túnel Santa Rosa, pese a que contradice la postura adoptada desde el inicio por la actual gestión, que criticó con dureza la poca transparencia que generaba contratar con este organismo internacional.

“Lo que se ha dicho es que los proyectos que se comienzan con la OIM se concluyen con la OIM, debido a que hay proceso responsable de ejecutar de acuerdo a las normas con que fueron contratadas. Las obras que se iniciaron con la OIM tienen una contratación especial”, alegó en RPP Noticias.

Asimismo, López insistió en que los proyectos de la administración Villarán han sido convocados a través de las normas nacionales, pero que no fue posible hacer esto en el caso de el citado proyecto. Agregó que de haberlo hecho sí, se hubiera gastado un “tiempo administrativo innecesario”.

“No se hubiera podido recurrir a otra organización, porque migrar las normas al Estado hubiera generado contratiempos. Tendríamos que liquidar el proyecto y las obras, por lo menos un año más. Nos estamos concentrando en continuar con los trabajos y tener el túnel terminado lo más pronto posible”, refirió.