Desde hace 21 meses, Virgilio Acuña Peralta ocupa una de las ocho curules asignadas a Solidaridad Nacional en el actual Parlamento. En todo este tiempo, el congresista por Lambayeque ha tenido un desempeño legislativo anodino, por lo que su esporádica presencia en los medios de comunicación ha sido más bien producto de irregulares situaciones ajenas a su gestión. Su intervención en el conflicto social de Cañaris y su millonaria deuda con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria son un ejemplo de ello.
Acuña, sin embargo, parece no haber escarmentado, y nuevamente se ve envuelto en una grave denuncia, esta vez formulada nada menos que por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, quien lo acusa de incurrir en una “clara e inaceptable injerencia” en la jurisdicción de ese colegiado.
AMENAZA LEGISLATIVA
La queja del magistrado tiene como punto de partida el Oficio Nº 721-2013/VAP-CR, que Acuña le remitió el 10 de abril último con el fin de reiterar su pedido para que el TC emita sentencia sobre el expediente Nº 04298-2012-PA, referido a un recurso interpuesto por el alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, para que se deje sin efecto la sentencia de dos años de pena privativa de libertad suspendida que le impuso la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por el delito de peculado.
En su misiva, a la que tuvo acceso Perú21, Acuña Peralta sostiene que el plazo para que el tribunal resuelva el caso “está largamente vencido”, acusa a los magistrados de “omisión de sus deberes funcionales” y, como si eso no fuera suficiente, los emplaza a que “en un plazo de 48 horas” expidan la sentencia. De otro modo, advierte, “promoveré la responsabilidad política de los integrantes del TC responsables de tal omisión que resulta inexcusable”.
DEFIENDE AUTONOMÍA
Las presiones del parlamentario solidario fueron rechazadas al día siguiente por el titular del TC quien, en carta dirigida al mismo Acuña –con copia al presidente del Congreso, Víctor Isla, y al titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay– responde que el tribunal es constitucionalmente “autónomo e independiente” y que sus miembros “no están sujetos a mandato imperativo ni reciben instrucciones de ninguna autoridad”. En ese contexto, precisa que el oficio enviado por Acuña “resulta una clara e inaceptable injerencia” y es “ajena al Estado de Derecho y la independencia de poderes”.
Notificado del hecho, Lay ha incluido el tema en la agenda del grupo de Ética para su respectivo análisis y calificación. Dicha comisión decide hoy si inicia una investigación. Sin embargo, esta no es la primera vez que el congresista muestra interés en el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, quien –por añadidura– mantiene una pugna permanente con su hermano, el presidente regional de Lambayeque, Humberto Acuña.
En agosto de 2012, don Virgilio no tuvo reparos en pedir información al JNE sobre la situación legal del entonces sentenciado burgomaestre e, incluso, cuestionó la demora del Poder Judicial en la revisión del proceso en su contra. En esa ocasión, alegó una presunta “preocupación” por el abandono de la ciudad norteña. ¿Dirá ahora lo mismo?
LOS ACUÑA EN CAÑARIS
Los hermanos Humberto y Virgilio Acuña –presidente regional de Lambayeque y congresista de la República por Solidaridad Nacional, respectivamente– siempre han estado envueltos en denuncias relacionadas a su región.
En febrero de este año, Perú21 dio cuenta de la cercanía de ambos a los dirigentes de la comunidad de Cañaris que se oponen al proyecto minero Cañariaco, que explora la empresa Candente Copper.
Walter Gamonal, asesor del parlamentario, fue visto en trato directo con Cristóbal Barrios, amigo personal del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y abierto opositor al proyecto Conga.
Se supo que el interés de Virgilio y Humberto Acuña en el tema tenía estrecha relación con el hecho de que su hermana María y su cuñado Elver Díaz tenían concesiones mineras en Cañaris.
Mientras la autoridad regional se encargó de cancelar los trámites de la pareja Díaz-Acuña para obtener más concesiones mineras, su hermano Virgilio reconoció que los antimineros viajaron en una camioneta de su universidad a la protesta contra Cañariaco.
Este último, además, fue recientemente denunciado por una deuda de S/. 3 millones a la Sunat. Por este caso, Ética también lo investiga.
DATOS
- El año pasado, Virgilio Acuña fue denunciado ante la Comisión de Ética por gestionar ante el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, y el jefe de la Policía, la suspensión de la convocatoria y garantías para la conformación de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo de esa ciudad.
- La acusación en su contra por tráfico de influencias, sin embargo, fue archivada por mayoría.
- El alcalde chiclayano, en tanto, se ha reincorporado a sus labores ediles al amparo de una resolución del TC que deja sin efecto su sentencia y dispone se le inicie un nuevo juicio.
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