Poder Judicial pone en su sitio a jueces por ordenar traslado de terroristas

Enfrentados. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, puso en su sitio a los magistrados Óscar Sumar Calmet y Julio Biaggi Gómez por ordenar el traslado de cuatro cabecillas terroristas recluidos en la Base Naval del Callao a penales comunes.

“Si bien los jueces tienen autonomía en sus decisiones, estoy en total desacuerdo con esa decisión, me parece que desborda la realidad que imponen estos casos penales. No se trata de un delito ordinario, sino de crímenes de alta intensidad que han asolado al país, y que requiere de mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de penas”, aseguró Mendoza.

En ese caso, adelantó que el Poder Judicial abrirá un proceso de investigación a los dos jueces para determinar si actuaron correctamente. El INPE, recordó, ya presentó un recurso para impugnar el fallo judicial. “Espero que se rectifique la sentencia”, acotó.

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SE DEFIENDEN
Por su lado, los jueces Óscar Sumar Calmet y Julio Biaggi Gómez, integrantes de la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, defendieron la sentencia que favorece a Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Peter Cárdenas Schulte, todos exintegrantes del MRTA; y al cabecilla de Sendero Luminoso Óscar Ramírez Durand, camarada ‘Feliciano’.

Sumar Calmet remarcó que el hábeas corpus se ajusta a ley, ya que, según dijo, los líderes terroristas deben ser trasladados a un centro de reclusión que esté bajo la administración del INPE.

Biaggi Gómez afirmó, por su parte, que “no solo ratifico (la sentencia), sino que la defiendo por ajustarse a una interpretación justa y constitucional, donde la facultad para interpretar la Constitución es inherente a la naturaleza jurídica de todo tribunal”.

Contó que antes de resolver el caso, le solicitó al jefe del INPE información sobre las condiciones del centro de reclusión de la Base Naval del Callao, documento que hasta el momento no ha sido respondido.

Ambos magistrados indicaron que visitaron la Base Naval y constataron que no existe ningún beneficio penitenciario en ese recinto y que tampoco es administrado por el INPE. Además, precisaron que en las condenas de los cabecillas del MRTA y de Sendero Luminoso se señala que las cadenas perpetuas deben cumplirse en penales de máxima seguridad del INPE.

“Anteriormente estas cuatro personas ya estuvieron en Piedras Gordas durante nueve meses, donde el INPE era responsable de su internamiento cumpliéndose todos lo que estipula la ley penitenciaria”, manifestó Sumar.

TAREA DEL INPE
En respuesta, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, indicó que prefiere que la discusión se mantenga dentro de los parámetros jurídicos y no en ataques personales.

“Todos tenemos derecho a discrepar de las sentencias judiciales, más aún si es que han habido 25 hábeas corpus que se han declarados infundados. Yo lo veo con un ánimo un poco mesiánico al señor (juez Óscar Sumar), al pretender que todos están equivocados salvo él”, dijo el funcionario a Canal N.

Sin embargo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Iván Sequeiros, resaltó que los dos jueces dieron una explicación razonable del porqué de su decisión, pero destacó que si se adecúan las condiciones de la Base Naval a las de un penal común, los cuatro detenidos podrían quedarse centro militar.

“Es tarea del INPE establecer las condiciones de igualdad, porque si hay tratamiento diferenciado en un establecimiento penal o militar, podría calificarse como indebido y eso es lo que queremos evitar. El INPE se ha desentendido del tema, y eso no es correcto, porque no son los marinos quienes deben encargarse de la administración de estos presos”, acotó Sequeiros.