Tras el escándalo que se armó por las contradicciones entre la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello y la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, por la destitución de la procuradora Katherine Ampuero, la cartera de Justicia defendió su postura en cinco puntos.
1. CDJE supervisar la defensa jurídica de los intereses del Estado. Presidencia recae en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o quién lo represente. La abogada Julia Príncipe, fue designada por la Ministra Perez Tello como su representante; a la fecha, se ha dado término al referido encargo.
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2. Procuradora ad hoc, Katherine Ampuero, afectaba el cumplimiento del Decreto de Urgencia No. 003-2017. Tiene como fin asegurar el pago efectivo de la reparación civil que corresponde al Estado, evitar el rompimiento de la cadena de pagos y la continuidad del servicio, en el caso de proyectos en los que hubiesen participado empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan admitido actos de corrupción.
3. Interpuso una medida cautelar para detener venta de acciones de Odebrecht en el proyecto Olmos. Esto constituye una grave acción que perjudica el propósito del referido Decreto: evitar la paralización de los proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos, e impedir la ruptura de la cadena de pagos, protegiendo así a trabajadores, proveedores y acreedores en general, así como cautelar el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano. La venta ya había sido aprobada por el Gobierno Regional de Lambayeque.
4. Medida obliga al Estado a mantener a Odebrecht un año más en el proyecto Olmos. Pone en peligro 18,000 puestos de trabajo directos e indirectos y la posibilidad de recuperar dinero para la reparación civil a favor del Estado peruano. Al hacerlo, la señora Ampuero ha actuado en contra de una norma con rango de ley y ha perjudicado los intereses del Estado peruano y de los trabajadores y proveedores del proyecto.
5. Se ratifica en decisión. La Ministra Pérez Tello como titular del ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, tomó esa decisión por los motivos señalados, informando posteriormente al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.
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