28.MAY Martes, 2024
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Julio Gagó: Procuraduría pide peritos para analizar documentos contables

Christian Salas indicó que se podrían desarrollar diligencias adicionales a la intervención que se realizó en empresas de congresista.

Julio Gagó: Procuraduría pide peritos para analizar documentos contables. (César Fajardo)
Julio Gagó: Procuraduría pide peritos para analizar documentos contables. (César Fajardo)

La Procuraduría Anticorrupción pidió a la Fiscalía la participación de peritos en el análisis de los documentos contables recogidos durante la intervención a las empresas del congresista Julio Gagó, investigado por presunta negociación ilícita.

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Christian Salas, titular de esta dicho despacho, sostuvo que la información que se recoja permitirá acreditar o desvirtuar la existencia de una “vinculación de facto” entre el manejo de la empresa Jaamsa y Copy Depot, ésta última ganadora de varias licitaciones estatales.

“La Fiscalía debe ordenar la presencia de peritos contables e ingenieros informáticos. Aún no podemos decir qué cosas contienen los libros y el soporte informático porque están lacrados, pedimos que sean analizados”, añadió.

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Dijo que tras la diligencia de allanamiento a las empresas vinculadas al legislador, el Ministerio Público trabaja ahora en la transcripción de los audios en los que se escucha a Gagó hablar sobre Copy Depot y sus negocios.

Asimismo, refirió que en breve se podrían desarrollar diligencias adicionales dispuestas por mandato legal, aunque evitó precisar cuáles serían.

Para el procurador, la investigación de este caso podría tomar unos 30 días más.

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De acuerdo con un informe periodístico, Gagó habría sido proveedor del Estado, a través de la empresa Copy Depot, pese a que la Ley de Contrataciones prohíbe a los parlamentarios realizar esa función.

Copy Depot vendió fotocopiadoras y otros productos al Estado por tres millones de nuevos soles, y pasó de ganar siete licitaciones a más de 80 en los últimos años.

La denuncia es investigada tanto por el Ministerio Público como por la Procuraduría Anticorrupción y la Comisión de Ética del Congreso.


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