El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez Guadalupe, sería destituido de su cargo si no cumple con el traslado de Antauro Humala al penal Virgen de la Merced, en Chorrillos.
Así lo establece la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emplaza a la autoridad penitenciaria a que acate la orden para que el etnocacerista deje la Base Naval, pues es una prisión que no le corresponde por el tipo de delito cometido.
La sentencia señala que el emplazamiento se da “bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional”.
Dicho artículo establece que “la sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento (…) el juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable”.
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Además, la resolución de la Corte Superior de Lima establece que la segunda resolución del INPE, con la que se dispuso el retorno del etnocacerista a la Base Naval del Callao, “resulta manifiestamente arbitraria en tanto no describe suficientemente la evaluación de la documentación del caso”.
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