El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la suspensión por 120 días al parlamentario Heriberto Benítez por sus vinculaciones en el caso ‘La Centralita’ y por sus gestiones en contra del allanamiento realizado por fiscales a dicho local que formaba parte de la red que dirigía el ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez.
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El informe de la Comisión de Ética fue respaldada por 54 votos a favor, mientras 37 se pronunciaron en contra y se registraron cinco abstenciones.
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Tras la sustentación del informe a cargo de Daniel Mora (PP), Benítez presentó sus descargos señalando que solo ejerció su derecho a la defensa de su domicilio frente a lo que consideró “el atropello de un grupo de fiscales”. En esa línea acusó a Humberto Lay de perseguirlo con mentiras.
Los miembros de Ética destacaron que los hechos mencionados en la denuncia están relacionados a la red de corrupción de César Álvarez, de Martín Belaunde Lossio y a la situación que motivó la destitución del suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia.
BLINDAJE
Poco antes de la votación, el oficialismo se pronunció para exponer una interpretación con el propósito de blindar a Benítez. Santiago Gastañaduí –el mismo que interpretó la Carta Magna para sustentar que con el voto de confianza al gabinete quedaban aprobadas las facultades solicitadas por el Ejecutivo– señaló que no podía sancionarse a Benítez por hechos ocurridos antes de que asumiera sus funciones parlamentarias.
Sin embargo, Mauricio Mulder le recordó al nacionalista que el Reglamento del Congreso señala que la función del congresista es reconocido como tal desde el momento de su elección.
En la votación, el sancionado contó con el respaldo de otros legisladores sobre los cuales pesan pedidos de sanción por falta ética, como Víctor Grández.
DATOS
- Heriberto Benítez omitió en su descargo reconocer que la denuncia en su contra fue presentada por el ex concejero de Áncash Ezequiel Nolasco, quien luego fue asesinado.
- Benítez votó en contra de la sanción. Fue respaldado por el legislador Alejandro Yovera, quien ha sido declarado inhabilitado por la Comisión de Constitución.
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