El Ministerio Público incluirá en la investigación que le ha abierto al legislador Michael Urtecho, por presunto enriquecimiento ilícito, los testimonios de los cuatro extrabajadores de su despacho que se presentaron el lunes ante la Comisión de Ética para denunciar el recorte de sus sueldos y su contratación como empleados ‘fantasma’.
Así lo confirmó el propio fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien comentó que hay testigos “que vienen colaborando y aportando nuevas direcciones a la investigación” que lleva a cabo su sector.
Según la resolución fiscal –publicada por Perú21–, la investigación se sustenta en que hay “elementos razonables para suponer que existe un desbalance patrimonial (por parte de Urtecho y de su esposa Claudia Gonzales) debido a la adquisición de un edificio valorizado en S/.1’300,000, en Trujillo”.
INDICIOS DE DELITO
En el Legislativo, en tanto, el portavoz de Fuerza Popular, Julio Gagó, comentó que si bien toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, en el caso de Urtecho “hay hechos que apuntan a que el tema no solo debería verse en Ética sino también en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque hay presunto indicio de delito”.
Gagó declaró a Perú21 que el procurador del Parlamento debería evaluar el caso e intervenir, pero añadió que esa decisión compete a la Mesa Directiva que preside el oficialista Fredy Otárola.
El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, por su parte, sostuvo que el compromiso de la directiva parlamentaria “es cero blindaje”. Empero, indicó que deberá ser la Comisión de Ética la que eventualmente remita el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Para ello, cabe señalar, Ética tendría que incluir esta recomendación en su informe que, a su vez, tendría luego que ser debatido y aprobado por el Pleno.
“LENTITUD Y PEREZA”
El vocero de Concertación Parlamentaria, Javier Velásquez Quesquén, en tanto, manifestó que la gravedad de los cargos que se le imputan a Urtecho ameritaría que la investigación se lleve a cabo con mayor celeridad.
“Hay lentitud y pereza para tomar cartas en el asunto;más rápido avanza el Ministerio Público que el Congreso”, ironizó, tras recordar que en los casos de las excongresistas Tula Benites y Elsa Canchaya no hubo que esperar que la Comisión de Ética presente su informe para denunciar el caso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como ocurre ahora.
En el caso de la legisladora aprista Tula Benites, fue la propia presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, quien autorizó inmediatamente al entonces procurador Julio Ubillús a que presentara la denuncia correspondiente.
En medio de estas deliberaciones, el vocero de Solidaridad Nacional, Gustavo Rondón, reiteró que no habrá blindaje a Urtecho y que, llegado el caso, su bloque apoyará el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
“¿Confía usted en el congresista?”, se le preguntó. Rondón respondió escuetamente: “Lo que hacemos es escuchar y que se investigue. No vamos a pronunciarnos más allá”, concluyó.
DATOS
- La Comisión de Ética analiza la transcripción de las declaraciones de los extrabajadores de Urtecho y del mismo legislador, informó a Perú21 su titular, Humberto Lay.
- Indicó que falta recoger el testimonio de otro exservidor, así como recibir información adicional por parte del Parlamento.
- Las sesiones de Ética se reanudarían el lunes 14 y no se descartan reuniones extraordinarias.
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