El Estado peruano, mediante el procurador supranacional Óscar Cubas Barrueta, deslindó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) con el fallo judicial que rebaja las penas al grupo paramilitar Colina en el caso de la matanza de Barrios Altos.

En una audiencia convocada en San José de Costa Rica, a propósito de esa polémica sentencia, el procurador supranacional recordó que ya se interpuso una acción de amparo contra este fallo, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein, para buscar su nulidad.

Cubas Barrueta subrayó que la posición del Estado está expresada en la demanda de amparo contra la referida sentencia, “por afectar los derechos a la verdad, a la igualdad en la aplicación de la ley”.

“La honorable Corte tiene ya copia de esa demanda de amparo. Y reitero el hecho de que existen mecanismos en sede interna para cuestionar las resoluciones judiciales”, indicó.

ADVIERTEN IMPLICANCIAS LEGALES
En la misma audiencia, en representación de las víctimas, intervino la presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, quien advirtió de las implicancias legales de retirar el calificativo de lesa humanidad a los crímenes cometidos por el grupo Colina.

Por su parte, el representante del Instituto de Derecho Legal (IDL), Carlos Rivera, advirtió que lo que buscaría la cuestionada sentencia es que los delitos cometidos por el grupo Colina prescriban.

En la matanza de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991, 15 personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas, en un hecho de sangre atribuido al citado escuadrón de la muerte. Por este caso fueron sentenciados el expresidente Alberto Fujimori y también su exasesor, Vladimiro Montesinos.