24.JUL Miércoles, 2024
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Audios Chavín de Huántar: Piden la destitución de juez César San Martín

Vocal supremo justificó la presencia del ministro de Justicia en reunión con jueza del caso y busca deslegitimar grabación como prueba de injerencia del Gobierno en el Poder Judicial.

César San Martín se ampara en “ilegitimidad” del audio y evita hablar sobre cuestionada reunión. (César Fajardo)
César San Martín se ampara en “ilegitimidad” del audio y evita hablar sobre cuestionada reunión. (César Fajardo)

Piden la cabeza del vocal supremo César San Martín tras conocerse un audio que revela detalles de una reunión –el 31 de mayo de 2012– entre miembros del Gobierno y del Poder Judicial por el juicio a los comandos Chavín de Huántar, en un nuevo escándalo político que podría tener peligrosas consecuencias.

La conversación –entre Juan Jiménez (entonces ministro de Justicia), Pedro Cateriano (en aquel momento agente peruano del caso), César San Martín (entonces presidente del Poder Judicial) y la ahora no ratificada jueza Carmen Rojjasi (a cargo del proceso)– revela además una interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, según varios congresistas.

El legislador de Fuerza Popular Juan José Díaz Dios consideró que esta situación amerita que San Martín investigado por el Consejo Nacional de la Magistrara (CNM), proceso que –a su entender– debe terminar con la destitución del actual vocal supremo.




JUSTIFICA PRESENCIA DE JIMÉNEZ
Por su parte, el vocal César San Martín justificó la presencia del actual premier Juan Jiménez en la reunión.

San Martín alegó que dada su investidura de presidente del Poder Judicial, no podía reunirse “con un simple procurador”, en alusión a Pedro Cateriano, quien era entonces agente peruano ante la Corte-IDH, por lo que era necesaria la presencia de Jiménez, quien en ese momento, además de ministro de Justicia, era presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

El magistrado, quien en todo momento aseguró que la reunión versó en torno a un intercambio de información para una adecuada defensa del Estado ante la Corte-IDH, intentó ampararse en la “ilegalidad” del audio y su nula “autenticidad” para evitar responder si se intentó o no direccionar de alguna manera el fallo de Rojjasi.

“Cuando uno califica el audio como prueba prohibida, no se le da credibilidad y no se admite como evidencia válida en ningún tipo de procedimiento parlamentario o político” dijo en RPP Noticias, pese a que en otros casos de gran envergadura política –como el del BTR– sí se tomaron en cuenta este tipo de grabaciones como parte de las investigaciones.


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