La Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima admitió la demanda de acción popular presentada por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) contra el Ministerio de Educación para dejar sin efecto la resolución que declaró instalado el grupo de trabajo que se encargará del proceso de cierre patrimonial, presupuestal y administrativo de esa entidad. Según la ANR, la referida norma fue publicada a destiempo y vulnera la Ley Universitaria.
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