Walter Gutiérrez: "Nos preocupa silencio informativo de Fiscalía"

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, no es ajeno a la preocupación que tiene el país frente a los casos de corrupción en el tema Odebrecht. En esta entrevista nos revela los avances de su trabajo y fija posición frente al papel de la Fiscalía.

¿Qué medidas preventivas está adoptando la Defensoría del Pueblo frente al probable clima de convulsión social que podría devenir tras los actuales escándalos de corrupción?
Desde el primer momento en que se tomó conocimiento de estos hechos de corrupción gigantesca, la Defensoría ha constituido un equipo para realizar, de manera multidisciplinaria, la naturaleza y las implicancias de lo que significa este megacaso para identificar situaciones donde se han producido estos casos. Aquí estamos hablando de una organización de corrupción internacional que ha delinquido en varios países y que en el Perú ha comprometido a tres gobiernos. Es una red que ha penetrado no a gobiernos sino al Estado. Adicionalmente, se puede decir que se trata de corrupción desde el poder en el sentido amplio de la palabra, es decir, poder económico, poder estatal. No solo están involucrados el gobierno central, sino los regionales y locales.

¿Qué avances ha logrado este equipo de la Defensoría?
En el camino hemos encontrando temas. No queremos esperar meses para, al final, sacar un gran informe. Estamos planteando algunas soluciones.

En concreto, ¿qué se ha planteado?
Hemos hecho un informe sobre los planes anticorrupción, hemos hecho un mapeo de cómo se está cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y ahí hemos encontrado que en 2014 se dio una ley muy rápidamente que buscaba sacar de las miradas públicas la información pública de las Asociaciones Público Privadas (APP) y se convierte en información confidencial. Desde esa norma, se evita que no se pueda determinar la capacidad de la empresa que va a realizar un proyecto público. Se aprueba en el Congreso, se publica y a los 60 días, más o menos, se entrega el gasoducto. Este dato hay que subrayarlo, la obra pública más grande se entrega con información económica declarada como confidencial. Planteamos una iniciativa para derogar esa norma que hoy se expresa en el Decreto Legislativo 1224, de 2015.

La agenda política no solo está marcada por el gasoducto, también por el tema Chinchero, ¿le preocupan las consecuencias de este tema?
Lo vemos con mucha preocupación. No tiene cláusulas anticorrupción, no tiene fecha de cierre financiero, y nos preocupa la cláusula abierta del costo financiero que permitía una amplia interpretación que implicó que el costo subiera siete millones de dólares más. Ese contrato debería ser auditado y revisado.

¿Usted respaldaría que se establezcan procuradurías, fiscalías y juzgados ad hoc, como en otros casos de corrupción?
Aprovecho su pregunta para decirle que, en primer lugar, a la Defensoría le preocupa el silencio y la falta de información con la que está investigando la Fiscalía. Es verdad que desde el punto de vista normativo y constitucional existe en esta etapa una reserva, pero aquí no estamos hablando de actos individuales de corrupción ni de un simple cohecho, sino de una organización internacional que en cierto modo ha penetrado en el Estado. Es un caso complejo de megacorrupción que ha golpeado la institucionalidad del país. En ese contexto, la ciudadanía está en zozobra y necesita que la Fiscalía le informe los términos de lo que esté investigando.

¿Pero no existe, en esa línea, esa reserva del proceso?
No estamos pidiendo que nos revelen la estrategia, no estamos pidiendo que nos den detalles de los acuerdos a los que ha llegado, pero sí es importante que se conozca cuántos procesos hay, a quiénes se está investigando. En un sistema democrático no puede haber opacidad, no puede haber ausencia de transparencia. La Ley de Transparencia recoge el principio de mayor divulgación. Esa regla no es ajena a la Fiscalía.

¿Debería presentarse el fiscal Hamilton Castro ante la comisión investigadora?
El fiscal tiene que hacer el esfuerzo por equilibrar el mandato de reserva, que es su base, con el deber de informar que tiene toda autoridad. Otro punto que no quiero pasar por alto es que la Procuraduría está legitimada para pedir medidas cautelares que garanticen la reparación civil, la ley lo faculta.

¿Percibe demasiado recelo en el Ministerio Público?
Vamos a ver en las próximas semanas si la manera de actuar del Ministerio Público ha sido correcta. Insistimos en que, en estos momentos, se necesita darle tranquilidad a la ciudadanía.

Entiendo que la Defensoría va a presentar un proyecto para quitar la reserva de los correos institucionales.
Advertimos el caso del ex ministro Eleodoro Mayorga. En 2014, cuando se informó que había sido asesor de Odebrecht, se solicitó que se informe el contenido de sus correos institucionales. El Ministerio de Energía y Minas replicó que no podía revelarlos porque están protegidos por el secreto de las comunicaciones. Lo que planteamos es que se levante esa reserva para funcionarios cuando se trate de temas referidos a proyectos públicos.

Autoficha

• “Fue elegido como defensor del Pueblo en setiembre del año pasado con una abrumadora mayoría del Congreso. Antes había presidido el Tribunal de Honor del Pacto Ética en la pasada campaña electoral y he sido decano del Colegio de Abogados de Lima”.

• “Desde nuestro punto de vista, el tema Odebrecht tiene que ser visto por las autoridades competentes como un megacaso y no como casos individuales. Todo forma parte de una trama que incluye leyes, procesos y adendas”.

• “En la Defensoría no vamos a calificar la actitud del gobierno porque no somos instancia política. Somos una institución creada para defender los derechos de los ciudadanos. Un aeropuerto de Chinchero, los peajes, las rutas, el gasoducto son servicios públicos”.