26.ABR Jueves, 2018
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Opinión

“Los beneficiarios de la corrupción son siempre privados (son personas y son empresas) porque público —lo que se dice público— es exclusivamente esa abstracción a la que nos referimos como ‘el ciudadano’”.

Dicen los entomólogos (estudiosos de los insectos) que por cada cucaracha que uno ve en casa hay otras cien escondidas. Y así es como se debe interpretar el caso del asesor Carlos Moreno. No es un caso aislado sino uno de muchos. No es solo en este gobierno, sino en todos los anteriores. No fue detectado por los sistemas de control o la justicia, sino por la grabación de una conversación que realizó un ciudadano. Venía actuando desde hace bastantes gobiernos, y hasta en la última campaña Lourdes Flores y Alan García lo presentaban como gurú para reformar el sector Salud.

Ayer, Alfredo Bullard, en su columna en El Comercio (titulada Naturalmente Corruptos) explicaba, con su acostumbrada destreza pedagógica, por qué los casos como el de Moreno se repiten en todos los gobiernos. La corrupción surge cuando uno tiene poder de decisión sobre lo que no es suyo (¡Uno no puede robarse a sí mismo!), sea quien dispone un administrador de una empresa privada o un funcionario público. La diferencia entre ambos es que el primero está más vigilado por el dueño que el segundo. Los dueños de la cosa pública somos todos y lo que es de todos no es de nadie. Los mecanismos de control fallan porque en los países menos desarrollados hay opacidad, no transparencia, la justicia funciona mal y al ciudadano promedio le falta la formación suficiente para estar bien informado y hacer valer sus derechos. Y ojo que los beneficiarios de la corrupción son siempre privados (son personas y son empresas) porque público —lo que se dice público— es exclusivamente esa abstracción a la que nos referimos como “el ciudadano”.

Hace una década, la economista Lorena Alcázar y coautores llevaron a cabo una interesante investigación sobre cuánto se pierde en corrupción en el programa del Vaso de Leche y un par más*. Llegan a la conclusión de que las “pérdidas en el camino” ascienden a 70%. Solo tres de cada diez soles llegan a los beneficiarios que son niños menores de 7 años de edad y madres embarazadas o lactantes. Se me quedó grabado ese 70% de costo en corrupción precisamente en el programa social más emblemático de la izquierda. He tenido la oportunidad de contrastar dicho porcentaje con observaciones y conjeturas sobre otros programas y proyectos posteriores.

El temprano destape del caso Moreno es algo positivo. Pone sobre el tapete la prioridad de la lucha contra la corrupción. Tengo confianza en la capacidad de ejecución y sobre todo en la honestidad del presidente.

*Las pérdidas en el camino, fugas en el gasto público: transferencias municipales, vaso de leche y sector educación. Lorena Alcázar, José Roberto Lopez-Calix, Eric Wachtenheim (Grade, 2003).


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