Ricardo V. Lago: Gobernabilidad en 2017

Desde Madrid les envío un cordial saludo con el deseo de que tengan un feliz 2017. Escribo a pocas horas del ritual de las doce uvas que había planeado celebrar en la Puerta del Sol –como es de rigor– al son de las doce campanadas, pero con los termómetros hoy a bajo cero, después de una semana de deliciosos días templados, habrá que despedir al 2016 a cubierto.

El reto central del Perú en 2017 es la gobernabilidad. Como he venido manteniendo en columnas anteriores, tiene fácil solución; lo único que se necesita es que el presidente y Keiko hagan a un lado sus diferencias y antepongan los intereses del país. Ambos son responsables individualmente y como dúo de la gobernabilidad del país. Se necesita que negocien y acuerden un plan de gobierno para los próximos cuatro años.

Lo que quiere la población es que se pongan en marcha reformas y se mueva la economía. Para ello, es imprescindible que se reanime la inversión privada, pero eso no va a ocurrir con el clima actual de enfrentamiento de poderes y tufo de crisis institucional. Si se estanca la economía, irá en descrédito de ambos.

Lo que hemos visto hasta ahora, la reunión convocada por el cardenal Cipriani y la reunión del Acuerdo Nacional, deja mucho que desear; se necesita que el presidente convoque a Keiko con una agenda abierta y sin condiciones iniciales de ningún tipo por ambas partes.

Circula estos días la teoría de que el fujimorismo podría tener como objetivo capitalizar contra el gobierno la información sobre corrupción durante el gobierno de Toledo que seguramente seguirá llegando desde Brasil, Suiza y los EE.UU. en el contexto del affaire Lava Jato. No sé si sea el caso, pero si lo es, no me parece un objetivo noble.

Con la información sobre corrupción que llegue lo que debe primar, sobre cualquier otra consideración, es la justicia, como bien afirmaba ayer Santiago Pedraglio en su columna en Perú21. Pero sería lamentable que el afán de revancha prevalezca sobre los objetivos de justicia y estabilidad institucional.

Dicho esto, sorprende la tibieza con la que el Ejecutivo y el Poder Judicial están respondiendo ante el caso Odebrecht. Mientras que en otros países allanan oficinas, incautan archivos, toman declaración y hasta mandan a prisión a ejecutivos, en el Perú lo que se hace no pasa de ser un saludo a la bandera, como por ejemplo publicar una norma prohibiendo a Odebrecht participar en futuras licitaciones, algo de cara a la galería que se sobreentiende.
Feliz 2017.