Ricardo Lago: ¿Fracasó la tecnocracia?

En las últimas semanas se ha producido un interesante y alturado debate sobre el modelo económico y la corrupción que ojalá continúe porque, en mi opinión, lograr un diagnóstico compartido sobre este problema puede ser determinante para definir la estrategia económica a futuro. Algunas de las contribuciones, que emplazo a los lectores a revisar, son las contribuciones de Martín Tanaka (“El fin del sueño tecnocrático I y II”), Jaime de Althaus (“Esta corrupción no es tecnocrática”), Carlos Meléndez (“Se roba pero se crece”) y Fernando Vivas (“¡Tu proyecto se pudrió, tecnócrata!”).

Rescato una conclusión central en que todos ellos están de acuerdo, que es que el crecimiento de las últimas dos décadas y media no haya ido de la mano de un orden institucional y especialmente del establecimiento de una justicia independiente y profesional. Pero hay diferencias en cuanto al rol de la tecnocracia. Para De Althaus, se precisa más tecnocracia. Para el resto, los tecnócratas han sido una parte importante del problema. Sin embargo, incluso en esto creo que las diferencias son más superficiales y semánticas que de fondo, porque De Althaus habla de una tecnocracia profesional e independiente –como la del BCR– y el resto se refiere a la tecnocracia subordinada a intereses espurios como, por ejemplo, Proinversión y los muchos técnicos, consultores y hasta académicos que hacen pronunciamientos sobre políticas públicas, supuestamente independientes cuando en realidad están supeditados a intereses privados y conflictos de intereses. Tanaka lo explica en los siguientes términos: “primó un excesivo comedimiento respecto al funcionamiento del modelo, antes que una crítica a sus límites y la necesidad de reformarlo; y la explicación de ello estaría en gran medida en los múltiples vínculos formales e informales que unen el mundo tecnocrático con el empresarial en un medio como el peruano, con una élite relativamente pequeña y por ello bastante endogámica”.

Es útil enfocar el tema en el contexto de la “teoría del dueño y el administrador” (del inglés principal – agent). El Estado (la res-publica) es propiedad del ciudadano, pero el administrador es el gobierno con su tecnocracia; la pregunta clave es: ¿velará el administrador exclusivamente por los intereses del ciudadano en cuanto a lograr un buen uso de los recursos públicos y mercados competitivos o utilizará su poder para vender favores a los privados y enriquecerse?

Desafortunadamente, sin justicia profesional e independiente, lo que ocurre es lo segundo.