Ricardo Lago: El 32 por 1 garantizado por el Estado

Imagínese que el Estado garantiza a las empresas un mínimo de ingresos anuales independientemente de lo que vendan o incluso aunque no dispongan de nada que vender o ni siquiera se empeñen en buscar compradores. Invierta usted 10 mil soles en un chifa, en una bodega o en un taller de reparación de autos y el Estado le garantiza ingresos mínimos de 10 mil soles anuales durante 34 años.

Negocio redondo, sin riesgos, con las ganancias aseguradas y sin ningún incentivo para hacer lo propio.

Algo así es solo posible en un mundo fabuloso de Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas, donde impera el absurdo por lógica, donde los supuestos y los razonamientos son falsos. Cuando el Estado asegura a las empresas sus ingresos, lo racional es poner la mano para cobrar, no batirse en el mercado para procurar insumos y compradores a los que vender. Nadie produce y todos ponen la mano, y por tanto el Estado no puede pagar porque no hay impuesto que recaudar. ¿Cuál es la solución? Que cada empresa tome el riesgo de invertir su dinero en la actividad y sector donde piensa que puede producir mejor y atraer más compradores que sus competidores. Aquí el Estado solo garantiza la libre entrada, la competencia, la puesta en vigor de los contratos y nada más.

Pero pongamos el fabuloso mundo de Alicia en “espacio y tiempo histórico”: el Perú actual. Les transcribo la entrevista de El Comercio a don Jesús Tamayo, presidente del Osinergmin, sobre el Gasoducto del Sur (26 de diciembre, 2016):
“El concesionario tiene la obligación de construir un tubo para transportar 500 millones de pies cúbicos (de gas) al día y los transporte o no tiene que recibir el ingreso garantizado… de US$930 millones anuales”.

Pues ahí tienen. El Estado garantiza un ingreso anual de US$930 millones durante 34 años que dura la concesión. ¿Y cuánto va a tardar el tubo en llenarse? Tamayo responde que “si me pregunta cuántos años, es complicado, porque es mucha suposición”. ¿Y si nunca se llena? Pues a poner la mano al Estado. ¿Incentivos para conseguir contratos en firme de acopio de gas y/o de suministro a usuarios? Ninguno.

¿Y cuánto invierte el concesionario de su bolsillo? Pues unos mil millones de dólares (hace poco Odebrecht vendió 20% del consorcio por US$215 millones) con los que consigue una canonjía que asciende a la friolera de US$31.6 mil millones (34 años x 930 millones).

Un 32 x 1 garantizado; vaya que ni en el País de las Maravillas.