Carlos Rivera,Abogado del IDL
Autor: Ricardo Monzón K.
rmonzon@peru21.com
El Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura han anunciado dos medidas que sobre el papel parecen importantes para la transparencia de las investigaciones de los casos de corrupción y sicariato en la región Áncash. Sin embargo, Carlos Rivera reconoce que, si bien las iniciativas son positivas, no mejoran el panorama inmediato.
¿Se puede confiar en el sistema legal peruano?
Lamentablemente, las muestras que ha dado el sistema judicial más que el Poder Judicial, el Ministerio Público en el caso Áncash son ineficientes. No solamente no ha cumplido con su misión, sino que, además, hay que sumarle que el Ministerio Público casi tomó partido por los que debieron ser perseguidos, y ahí están las sanciones a los fiscales anticorrupción. La gente desconfía mucho de los operadores judiciales.
¿Cuánto ha mellado en la institucionalidad de la Fiscalía de la Nación los casos de corrupción y sicariato en la región Áncash?
Mucho. Si, en general, uno siempre habla de la desconfianza que hay en el PJ y el Ministerio Público, yo creo que esta circunstancia, la de Áncash, es malísima para el progreso de la institución. Las más altas autoridades del Ministerio Público están comprometidas con los hechos. Es evidente que han estado trabajando en una estrategia que coincida con lo que quería Cesar Álvarez y la gente vinculada a los hechos delictivos en Áncash.
En realidad, si el Ministerio Público estaba cuestionado por la inacción del actual fiscal Peláez, ¿qué se puede esperar con la elección de Carlos Ramos Heredia? ¿Vamos de mal en peor?
Podría ser ese el escenario. Ojalá que no sea así, porque una cosa es tener a un fiscal de la Nación que sale en dos semanas, y otra tener a uno que va a durar tres años. Ramos Heredia tiene que dar una muestra de que las circunstancias han cambiado. La muestra debe ser demostrar que el Ministerio Público está dispuesto a dar sanciones.
Ramos Heredia podría ser destituido por el CNM según aseguró su propio titular si se llega a determinar su responsabilidad en el caso de ‘La Centralita’ y el de Orlando Sánchez Paredes…
Conociendo los procedimientos del CNM, estoy seguro de que en mayo no va a tomar ninguna decisión. Lamentablemente, en los últimos tiempos y frente a casos de las altas autoridades el CNM se demora el tiempo que le da la vida. Lo mismo ocurrió con Javier Villa Stein, con la sentencia del caso de Barrios Altos. Yo creo que aquí puede ocurrir algo parecido. No estoy seguro sobre qué sanción pueda tomar el CNM, pero sí estoy seguro de que la sanción que tome será muy hacia el futuro.
¿Y la investigación que han anunciado cómo queda?
Por lo menos, ahora Ramos Heredia tiene garantizado ejercer su cargo y después de 4 o 5 meses se pronunciará el CNM. Eso va a ser una ventaja para Ramos Heredia, porque es más difícil sacar a una autoridad que ya asumió su cargo que a una que aún no toma posesión del mismo.
Parece que quien sí se está poniendo las pilas es el Poder Judicial, que trasladó a Lima todos los casos de crímenes en Áncash para fomentar la transparencia de las investigaciones…
Se han tomado medidas importantes, se han restituido fiscales, la Procuraduría Anticorrupción se ha empoderado, Áncash está en los ojos del país, César Álvarez es el funcionario público más cuestionado de los últimos años. Por lo tanto, ahora está en un escenario político y legal totalmente diferente.
¿A pesar de que tiene nexos claros dentro de los poderes del Estado?
La situación actual es diferente a la de meses atrás. El crimen de Nolasco ha marcado un punto de inflexión. Con la presencia del Estado en Áncash, César Álvarez ha tenido una derrota política importante.
¿Cuánto han cambiado las cosas para César Álvarez?
Las cosas se le han ido volteando poco a poco y este traslado de las investigaciones para Lima simplemente configura un escenario en el cual Álvarez no tiene ningún tipo de control.
¿Esta medida del Poder Judicial en cuánto debería ayudar para acabar con la impunidad de César Álvarez?
Debería ser la medida que determine el esclarecimiento de lo que pasa en Áncash, pero, además, debería ser la medida que determine que el Estado no solamente reacciona para la foto, sino en términos de definir una política clara.
¿El sistema jurídico peruano se empieza a lavar la cara con esta medida?
Trasladar el caso a Lima es una medida positiva, pero no significa que el problema ya está resuelto. Es cierto que (el caso) ha ingresado a una de las instancias judiciales de mejor prestigio y actuación, pero creo que lo ideal sería que en Áncash haya un juez ad hoc que no esté investigando nada más, sino que se dedique a eso (al caso de Álvarez), y eso ayudaría a que no haya un juicio en 3 años, sino en 1 año.
AUTOFICHA
- Carlos Rivera Paz es abogado penalista y coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL). Cuenta con una experiencia de más de dos décadas.
- “Hubo intereses en la Fiscalía para hacer elegir a Ramos Heredia a pesar de cuestionamientos. Todo estaba calculado desde mucho antes”.
- “El fiscal de la Nación es una persona con poder. Puede resolver problemas de corrupción, desbalances patrimoniales, denuncias a expresidentes…”.
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