Perseguido político

Ricardo Vásquez Kunze,Desayuno con diamantes
Cada vez que el ex presidente Alan García ha acudido a las instancias jurisdiccionales de la República, es decir, aquellas instituciones técnicas cuyo objeto en una sociedad civilizada es impartir y administrar justicia, ha salido con el derecho a su favor.

Así ha sido cuando ganó un amparo para que la “megacomisión” política que lo investiga en el Congreso, por múltiples hechos producidos durante su última gestión, respetara el debido proceso del ex presidente, violado según el Poder Judicial “al no habérsele detallado los hechos que se le imputan ni precisado las conductas ilícitas por las cuales se le investiga y que constituyan delitos, faltas y/o infracciones constitucionales”. Este es un dato de la realidad.

Otro dato de la realidad es que también ha salido con el derecho a su favor cuando la Fiscalía, de oficio, iniciara una investigación por un supuesto desbalance patrimonial durante su segundo mandato, al haber adquirido el expresidente un inmueble en Miraflores por 800,000 dólares. No hubo desbalance patrimonial según dos peritos cuyos pretéritos políticos, uno de los cuales denunciado como un crimen por el procurador militante del Partido Nacionalista en el gobierno, Julio Arbizu, correspondieron en su momento al aprismo y al socialismo. La Fiscalía de la Nación archivó el caso sin duda no porque los peritos hubiesen sido un exaprista y un exsocialista, sino porque las cuentas cuadran o no cuadran. En el caso del ex presidente, cuadraron.

De ahí que los datos de la realidad vengan demostrando hasta el momento que los problemas de Alan García no son con la justicia sino con la política. Cuando la Comisión de Justicia del Congreso de la República, por ejemplo, cita al Fiscal de la Nación para que explique por qué archivó la investigación contra el expresidente, estamos hablando de política y no de justicia. Para ponerlo en simple: a la política no le cuadra que la justicia falle a favor de Alan García y, así, quiere sentar a la justicia en el banquillo de los acusados de la política.

Con la “megacomisión” sucede otro tanto. A diferencia de las instancias fiscales y judiciales, de todos los casos investigados por este órgano político del Congreso no hay ninguno en el que el expresidente haya salido bien librado. Ninguno. “Colegios emblemáticos”, “Agua para todos” y “narcoindultos” señalan aquí a Alan García. La pregunta es: ¿Lo señalan de qué? ¿De un delito? ¿De una falta? No. Es un dato de la realidad que nadie le imputa un hecho tipificado como ilícito por la justicia.

Se le imputa, sí, una “infracción constitucional”. Pero en este caso una “infracción constitucional” que no tiene por sustento un hecho tipificado como ilícito está vaciada de toda justicia positiva y es el container de la arbitrariedad. Así, la “infracción constitucional” se convierte en la coartada por la cual la política pretende ponerse la toga de la justicia y ajustar cuentas con los enemigos de turno. Es un atropello tan grande e inaceptable como el que en los 90 el Congreso montesinista perpetró contra los magistrados del Tribunal Constitucional por haberse declarado en contra de la re-relección presidencial.

Y ahí está el detalle. De eso se trata todo. De elecciones. Y nada más político que las presidenciales donde unos quieren reelegirse ilícitamente y sacar a los que estorban del camino. El asunto está en que al final de ese camino siempre termina en el poder el perseguido político. Más que de coyunturas, un simple dato de la Historia.