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Opinión

“Acotar las pérdidas para el resto de la sociedad no significa impunidad”.

Debería estar acostumbrada, pero ese cartel de “No hay vacantes. No insista” en la puerta de una obra sigue evocando la imagen de un padre de familia que volverá a casa a informar que no consiguió nada ese día. Y no porque no quiera trabajar, sino porque el país o el mercado no le dan las oportunidades.

Reza el dicho: “una muerte es una tragedia, un millón de muertes es solo una estadística”. Y estamos acostumbrados a leer las estadísticas con total frialdad, sin pensar siquiera en los rostros detrás del número. Cuando se publican las nuevas proyecciones de crecimiento con una frase que dice “revisión a la baja”, es muy probable que solo pensemos que es una lástima; que se necesita más inversión; que la culpa la tienen este y los anteriores gobiernos y que todo se ha visto agravado por los fenómenos naturales y, por supuesto, la corrupción.

El Perú ya está sufriendo, desde hace mucho, el costo de la corrupción. Pero, a diferencia de otros países, que han tomado medidas para castigar a los accionistas y funcionarios responsables, el Perú ha decidido castigar a las empresas, con el riesgo de romper la cadena de pagos y afectar a otros cuya única culpa es la de haberse cruzado con el empleador o contratante equivocado. Las medidas adoptadas, salvo que haya alguna explicación que no entiendo, afectarán también a empresas pequeñas, subcontratistas, proveedores y también obreros. Ellos no tienen los recursos para financiar un juicio y obtener sus pagos.

Ya la corrupción nos está costando demasiado. Acotar las pérdidas para el resto de la sociedad no significa impunidad. Por el contrario, significa no extender el castigo a los que menos se pueden proteger.


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