19.ENE Viernes, 2018
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Opinión

“En un esfuerzo por formalizar el empleo se ha recurrido a flexibilizar las normas de contratación…”.

¿Cómo podrían haber reclamado los jóvenes muertos en el incendio de Las Malvinas un salario mínimo, vacaciones o siquiera un seguro social?
Según nuestras leyes, debidamente publicadas en el diario oficial, estos son derechos de toda la población laboral.

Pero sabemos que no es así y en un esfuerzo por formalizar el empleo se ha recurrido a flexibilizar las normas de contratación, asumiendo que menores costos fomentarían la contratación formal. La reacción fue de protestas en la calle por quienes se sabían parte de un régimen que les daba estabilidad, seguro y días de vacaciones.

Podríamos decir que esta posición es egoísta y criticable, siempre que también pudiéramos aseverar que la ley propuesta aseguraría que todos accedieran a los mismos derechos. Pero eso significaría que el complemento indispensable de toda norma existiera: la capacidad de exigir su cumplimiento y así aumentar el costo de estar fuera de la ley, por un aumento en la percepción de riesgo.

Pero la capacidad de exigir el cumplimiento de las leyes es algo en lo que no podemos decir que nuestras autoridades hayan destacado especialmente. Y consecuencias graves, como la muerte de estos jóvenes, forman parte de lo cotidiano: ¿cuántos han muerto en una accidente en ómnibus por exceso de velocidad o por no cumplir con las especificaciones técnicas del vehículo? ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas por sus parejas, incluso después de haber hecho una denuncia?

Sería ‘motivador’ saber qué sanciones se han aplicado a policías, inspectores y fiscales que ignoraron una denuncia o evidencia que derivó en tragedia.


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