Alberto Santana, conocido entre sus seguidores como Pastor Santana, ha sido denunciado penalmente por el Centro de Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos por haber declarado en mayo de este año que la homosexualidad es una aberración y que, si se legalizan los derechos de esa población luego se hará lo mismo con el crimen, el asesinato, la drogadicción y las violaciones. Esto lo dijo muy envalentonado el mismo día que la lideresa del fujimorismo firmaba un pacto con él, canjeando el apoyo electoral de la iglesia evangélica por el bloqueo de derechos a la población homosexual del Perú, sin calcular quizás que ese pacto no tendría el final esperado, pues sus votos no fueron suficientes para llevar a la lideresa de las alianzas extrañas al sillón presidencial.
Si bien este no es un asunto de mayorías, ya que un insulto es un insulto así se dirija a una persona o a un millón, quizás Alberto Santana no midió que con sus ataques se dirigía a nada menos que el 8 ó 10% de la población peruana. Este dato no es exacto porque nuestro último censo se basó en la negación de esa población y no quiso registrarla, pero es la tendencia mundial en los países que sí registran a sus ciudadanos de orientación sexual distinta a la mayoritaria. De modo que Santana, osadamente, arremetió contra unas 2,5 a 3 millones de personas, algunas en edad de defenderse y otros, niños aún, todavía en proceso de descubrir su identidad y, quién sabe, pequeños miembros de la comunidad evangélica.
Publiqué una columna sobre este insulto en su momento y un miembro de la iglesia evangélica me escribió aclarándome que el pacto de Fujimori no había sido con toda la comunidad, sino con el sector fundamentalista e integrista, que lidera básicamente a iglesias independientes, pero que no representa a la institucionalidad evangélica. Un miembro de su propia comunidad hacía el deslinde.
Santana, en su página web, dice haber recibido “el llamado divino del Señor Jesucristo”. A estos elevados humos se suma una supuesta condecoración como “comisionado general de derechos humanos”. En una de esas imágenes se muestra una credencial con el logotipo de Amnistía Internacional. Tras tomar conocimiento de ese montaje, AI emitió un comunicado negando haber condecorado a Santana y denunció el “uso inadecuado del logotipo de la organización”.
Santana tendrá que explicar ante la justicia peruana que Promsex exagera al denunciarlo y que sus violentas palabras y comparaciones perversas no implican discriminación, un delito incluido en el Código Penal desde el año 2000, con pena privativa de libertad de dos a tres años… algo que al parecer tampoco calculó. Si no lo logra, por más condecoraciones, llamados divinos y pactos que lo adornen, tendrá que convivir al menos dos largos años con miles de peruanos que han sido condenados por crímenes, asesinatos y violaciones.
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