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Opinión

“Lejos de ser fatalistas y culpar al Estado por lo que supuestamente no hace, nos corresponde a todos proteger algo tan simple como nuestros árboles”.

Quien insista en que el cambio climático es un invento merece ser censurado por irresponsable. Además de ser evidente, el problema del cambio climático no es un capricho de los ambientalistas, sino un asunto que afecta a nuestros bolsillos. En 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que para el año 2025 el cambio climático le costaría al Perú el 4,4% de su PBI anual (más que el 3.8% del PBI asignado al sector educación en el presupuesto de 2016) y generaría pérdidas por 10 mil millones de dólares al año. Achachau.

Pero lejos de ser fatalistas y culpar al Estado por lo que supuestamente no hace, nos corresponde a todos proteger algo tan simple como nuestros árboles y, con ellos, a nuestras Áreas Naturales Protegidas (ANP). Y es que los bosques en pie contribuyen a que los efectos del cambio climático sean mejor absorbidos, de modo que se eviten y reduzcan los riesgos por inundaciones, pérdida de diversidad biológica y fuentes de agua.

Los bosques peruanos representan más del 60% del territorio nacional. Somos el segundo país en cobertura forestal en América Latina, después de Brasil, y el noveno en el mundo. Nada menos que el 30% de la población del Perú vive dentro de esos bosques. El 50% de la economía del Perú depende de su capital natural.

Alrededor de 2’700,000 peruanos reciben el agua proveniente de 16 ANP. Más del 60% de la energía hidroeléctrica generada en el Perú utiliza aguas que provienen de ANP. La mayoría del agua que irriga los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, en la Libertad, la región con la tercera economía más importante del país gracias a su agroindustria, proviene del Parque Nacional Huascarán.

Pero la deforestación es la principal contribución de nuestro país al calentamiento global. El 35% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero está asociado a ella. Y uno de los problemas más graves es la tala ilegal, coludida con el narcotráfico y la minería ilegal, actividades que destruyen ecosistemas y vidas humanas sin aportar nada al país, pues obviamente no tributan. El Perú se ha comprometido en la COP21 a que en 2021 la tasa de deforestación sobre los 54 millones de hectáreas de bosque primario que tenemos sea del 0%.

Un tema que no es importante para Castañeda Lossio, con su pasión por matar árboles, ni para el congresista Tubino, con su afán de meter una carretera en el Parque Nacional Alto Purús, y menos para el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otzuka, con el impulso de su carretera pirata, que atraviesa la zona de amortiguamiento del Manu, como si nada.


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