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Opinión

“A las autoridades cusqueñas les daba miedo perder el poder de cobrar los boletos de ingreso a Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo, etc.”.

Periodista

Hace dos semanas, miles de turistas tuvieron que bajarse de los trenes que los llevaban a Machu Picchu por un paro en la región Cusco, en protesta contra el Decreto 1198, que promueve la participación de la empresa privada en la gestión cultural del patrimonio arqueológico. Este decreto, obviamente, no obligaba a la empresa a participar ni a las regiones a aceptar su participación, pero en un país cucufato y retrógrada siempre pueden más las ideologías absurdas que el sentido práctico del bien común. Así que Cusco se levantó, movido por sus autoridades, porque consideraba que el decreto ponía en riesgo Machu Picchu y otros sitios arqueológicos, en tanto era “un intento de privatizar el patrimonio de la Nación”.

A las autoridades cusqueñas les daba miedo perder el poder de cobrar los boletos de ingreso a Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, etc. Lo curioso es que esos lugares igual no iban a verse afectados porque no son patrimonio de la Nación, sino de la Humanidad. Esto, que parecía una protesta ideológica muy patriota, en tiempos electorales en los que el patrioterismo barato vende, fue aceptado por el Congreso, para que la región Cusco se calmara, y chau decreto.

¿Ignoran los 57 brillantes congresistas que votaron en contra, de un total de 68, que en el Perú casi 20 mil monumentos arqueológicos necesitan atención y que el Estado peruano no se da abasto? ¿Desconocen las autoridades cusqueñas, capaces de mirar solo su canon y su prosperidad turística, que las huacas del Sol y de la Luna y el Museo de Cao en La Libertad son posibles gracias al aporte de la empresa privada? ¿No quieren ver los congresistas que existe una mafia que consiste en la doble impresión de la boletería numerada del circuito turístico del Cusco y que a mediados de abril el procurador Anticorrupción de esa región constató y ningún fiscal procedió a denunciar el delito? El asunto es así: se venden dos boletos con el número 001, se cobran los dos, los turistas no saben que existe otro boleto igual al suyo, los controladores de ingresos a los lugares se hacen de la vista gorda, y todo pasa piola. Luego, al hacer cuentas, se destruyen los duplicados y solo se declara la mitad de los boletos, o sea la mitad de la plata. La otra se va al bolsillo de algunos. Algunos gracias a los cuales el resto del patrimonio arqueológico del Perú seguirá desintegrándose porque es más rentable políticamente ser patriotero. Y lo peor, amigos cusqueños que deciden con paros cosas tan importantes, es que ustedes igual iban a seguir con su juego, pues el decreto no se dirigía al patrimonio de la humanidad que tan cínicamente defienden.

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