María Luisa del Río: Crimen sin castigo

El Sodalicio de Vida Cristiana, con su inacción tras el archivamiento del caso Figari, no solo ha legitimado el abuso sexual y sicológico como prácticas inherentes a su particular acopio de fieles, sino que ha echado mano de un estilo vandálico recurrente. Un documental reciente de la cadena de televisión Al Jazeera con el periodista peruano Daniel Yovera, muestra la decadencia de esa institución, a propósito del escabroso caso Figari. Perú: The Sodalitium Scandal es un impactante registro de cómo el Sodalicio, en el año 2014, contrata a una banda de asesinos en Piura para el desalojo de los pobladores de las tierras que hoy forman parte del proyecto Miraflores Country Club, de la inmobiliaria Miraflores Perú, que en Registros Públicos le pertenece en un 99% al Sodalicio. Negocios millonarios que no tributan, gracias al Concordato Perú Vaticano firmado en 1980.

Las declaraciones de Pedro Zapata, el policía que logra detener al cabecilla de la banda Gran Cruz del Norte, son contundentes. Zapata se dedicó a investigar y perseguir a esa banda con el rigor de un padre que había visto morir a su hijo torturado en manos de estos criminales, en venganza, para intimidarlo. La banda auspiciada por el Sodalicio, autora de más de 30 asesinatos, había recibido depósitos bancarios por un total de medio millón de dólares, a razón de 73,500 soles semanales, de la Organización San Juan Bautista, “organización humanitaria nacional dedicada a la educación y la difusión de la religión”, perteneciente al Sodalicio. Los depósitos figuran en el documental y, para más evidencia, un video de la investigación policial muestra a Alberto Gómez de la Torre Pretell, representante legal de la Organización San Juan Bautista en ese entonces, admitiendo haber pagado a los asesinos para intervenir en el desalojo, “por seguridad”.

El documental en cuestión también muestra a los vecinos desalojados, quienes declaran haber sido expulsados con pistolas y machetes de sus viviendas, y que incluso hubo pobladores asesinados por resistirse a abandonar el terreno. Un ex integrante de la banda criminal, el piurano Samuel Alberca, confiesa haber declinado una oferta de 3 millones de dólares para apoderarse ilegalmente de las tierras y “vendérselas” al Sodalicio. Según Alberca, quienes le hicieron la propuesta fueron el arzobispo de Piura, el sodálite Monseñor José Antonio Eguren, y Alberto Gómez de la Torre Pretell. “Métanse su plata al culo”, dice que les respondió.

A los simpatizantes de “Con mis hijos no te metas” les vendría bien ocuparse de temas como este, toda vez que otro de los negocios del Sodalicio son los colegios. La asociación ilícita para delinquir y el abuso son bastante más graves que ponerle pantalón rosado a un niño varón en un libro de cuentos.