El 1 de mayo, la CGTP organizó una marcha donde participó abierta y libremente el Movadef reclamando la libertad de los cabecillas de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, Osmán Morote, Elena Iparraguirre y otros miembros de la cúpula terrorista. Marcharon, además, grácilmente resguardados por la Policía Nacional.
El terrorismo es uno de los mayores peligros que enfrentamos como sociedad y, aunque algunos piensen que es una simple marcha, es una semilla que busca implantarse a futuro. Sin embargo, las autoridades encargadas de la seguridad del país han mostrado una severa desconexión. El ministro del Interior sostuvo desde el Congreso que la ley de apología del terrorismo necesita “ajustes legales” ya que “permite interpretaciones”, para luego anunciar desde Twitter que la marcha sí constituía delito. La ministra de Justicia la consideró inaceptable, pero aún no sabe si es o no apología. Y el director general de la PNP, Vicente Romero, contradice al ministro del Interior y sostiene que la marcha no califica como apología.
Los titulares de dos carteras ministeriales claves frente a cualquier expresión del terrorismo —por mínima que parezca— ignoran que el Tribunal Constitucional ha precisado que no cualquier expresión de opinión es delito de apología del terrorismo, pero cuando se actúa a favor de una persona sentenciada por terrorismo, sí lo constituye. Debieron solicitar a la Fiscalía la denuncia correspondiente. No lo hicieron porque no saben los alcances de la ley.
En este desconcierto de autoridades, el jefe de la PNP se convirtió en defensor del Movadef olvidando a los centenares de policías asesinados por Sendero. ¡Y nadie le ha llamado la atención!
En términos políticos y de presencia pública, el Movadef logró dar un paso, el que le permitieron las autoridades encargadas del orden público y la seguridad. Aquellos llamados a proteger a la Nación.
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