María Cecilia Villegas: La gloria del empresariado nacional

La crisis que afronta el Grupo Gloria esconde un tema bastante más profundo que un problema de etiquetado, crisis comunicacional o mala praxis empresarial. El problema de fondo está vinculado a la manera en la que algunas grandes empresas en el Perú actúan tratando de burlar las normas para lograr situaciones de excepción que los beneficien económicamente a costa de los competidores y consumidores.

Una de estas situaciones irregulares es la relación de los grandes grupos empresariales con los organismos reguladores. En la práctica y a vista de todos, los reguladores son controlados por estas grandes empresas. Prueba de ello es el caso Pura Vida. La misma denuncia que hoy se convirtió en escándalo por venir de Panamá era conocida por Indecopi y Digesa desde 2015, cuando Juan José Julca Preciado presentó la denuncia. Julca no tenía acceso a medios ni poder económico, y esta fue desestimada. Esta vez, ante la avalancha de protestas y difusión mediática, Indecopi y Digesa tuvieron que actuar.

No es el único caso. Latam –con el 52% del mercado de vuelos nacionales– logra que Indecopi cancele el Libro de Reclamaciones, mecanismo de defensa de los consumidores. Movistar decide un cobro ilegal por alquiler de decodificadores de cable y Osiptel se lo permite. ¿Se acuerda de Ositran, la adenda de Chinchero y Kuntur Wasi? Estos son ejemplos de grandes empresas que tienen comportamientos mercantilistas, prácticas monopólicas y que actúan libremente porque controlan a los organismos reguladores. ¿Cómo lo hacen? Con funcionarios públicos que entran al Estado a servir intereses privados y luego regresan al sector privado a las empresas a las que sirvieron.

El sector privado tiene que comprometerse con el desarrollo del país. Y eso pasa por romper prácticas mercantilistas y la captura de rentas. Y para ello, los ministros y funcionarios públicos deberían dejar de representar intereses de privados.