María Cecilia Villegas: El diablo está en los detalles

El Ejecutivo aprobó el proyecto de ley que crea “obras por terrenos”, un sistema que busca impulsar proyectos de infraestructura dentro del proceso de Reconstrucción con Cambios. Este ha sido diseñado para tratar de ampliar la frontera agrícola y realizar un mejor manejo de los cauces de los ríos, los que tienen kilómetros de ancho al no haber sido nunca encauzados.

El ANA ha estimado que se necesitan S/6,686 millones en obras de prevención y mitigación de riesgos para los principales ríos de las diez regiones más afectadas por El Niño costero. Y, para ello, el gobierno plantea que el sector privado realice las obras que serían retribuidas con los terrenos que se generen por el uso eficiente de los ríos. La idea es interesante, darles uso eficiente a los terrenos que por lo general o están abandonados o, siendo zonas de riesgo, son invadidos por personas que no tienen recursos. Hasta ahí.
Solo en el caso de los 21 ríos de las zonas afectadas en el norte del país se recuperarían 5,590 hectáreas. Como ello no sería suficiente para compensar la inversión privada, el Estado ha propuesto que la compensación incluya también cualquier otro terreno de propiedad estatal, que podría ser destinado a cualquier actividad.

Las iniciativas podrán ser privadas y serán evaluadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿Cómo se priorizarán los proyectos? ¿Cómo se identificarán los terrenos que se entregarán en parte de pago? ¿Cómo se valorizarán? Es necesario que existan condiciones muy estrictas para que sean terrenos que solo tengan potencial económico si hay una inversión privada real. Canalizar un río en zonas muy cercanas a ciudades en pleno crecimiento podría revalorizar los terrenos muchísimo con inversiones muy pequeñas. En esos casos, sería más eficiente que sea el Estado quien lo haga y luego venda las tierras ganadas.

El debate sobre la ley y su regulación debe ser público y abierto. Y los intereses del Estado, cuidados celosamente.