Ley contra las bandas del crimen organizado

La delincuencia crece en forma alarmante en nuestro país e, incluso, parece desbordar a la Policía Nacional. Con la finalidad de enfrentar los sofisticados procedimientos del hampa, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado.

Para ello se ha establecido una serie de medidas y, debido a que algunas limitan derechos fundamentales, también se determinan las garantías suficientes.

Entre ellas se encuentran procedimientos para la intervención de las comunicaciones, así como la interceptación postal, fijando para ello los presupuestos, los requisitos y los plazos.

Asimismo, se establecen técnicas como las de ‘entrega vigilada’ (respecto a los bienes relacionados con la comisión de algún delito) y ‘agente encubierto’ (labor que realiza la Policía especializada con una orden previa del fiscal), que constituyen actualmente instrumentos internacionales válidos y garantizados por otras legislaciones.

CABECILLAS SIN BENEFICIOS
El referido proyecto también contempla la aplicación de diversas medidas de coerción, como el impedimento de salida, la incomunicación y el allanamiento de inmuebles.

Otro de los puntos que se destaca en este proyecto es que se establece la prohibición de los beneficios penitenciarios para los delincuentes que sean cabecillas o que financien a organizaciones criminales, en tanto el delito cometido sea uno de gravedad, como homicidio, secuestro y extorsión, entre otros.

Además, se refuerza el seguimiento de hampones y se brindan las garantías para las personas o instituciones que colaboren en sus capturas. En tal sentido, se introducen mecanismos del llamado ‘derecho penal premial’, tales como la colaboración eficaz.

DATOS

- El proyecto de ley también establece medidas de protección para testigos, peritos u otras personas que colaboren con el sistema de justicia. Determina reglas sobre la utilización de las pruebas admitidas.

- Entre las medidas se incluye facilitar los mecanismos de colaboración mutua con otros países. Esto “ante la necesidad de enfrentar el carácter global que poseen las grandes bandas internacionales”, señala el proyecto.