Un total de 43 millones 635 mil 161 soles se destinará para la implementación de la Ley contra el Crimen Organizado, anunció Daniel Figallo, ministro de Justicia.
Ni el incremento de los robos al paso, de los asaltos en viviendas, de los asesinatos por encargo y de las extorsiones han hecho que el gobierno asigne una partida especial a los administradores de justicia para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado –Ley N° 30077–, que comenzó a regir desde ayer.
Tras la aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas disponer de mayores recursos económicos para atender las nuevas demandas originadas por esta ley.
El viceministro de Minas, Guillermo Shinno, calificó como un “retroceso” la exclusión de la minería ilegal de la ley contra el crimen organizado, aprobada por el Congreso. Adelantó que el Ejecutivo enviará un proyecto para corregir el tema. Explicó que dicha actividad está relacionada con el lavado de activos y la trata de personas, cometidos en banda.
La exclusión de la minería ilegal de la ley contra el crimen organizado fue considerada un retroceso, tanto por el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, como por el asesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente (Minam), Ernesto Raez.
La aprobación del proyecto de ley que fija las reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos relacionados al crimen organizado y endurece las penas hasta 35 años de prisión permitirá a los operadores de justicia –la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial– contar con “una herramienta para poder luchar” contra este flagelo.
Para contrarrestar la creciente inseguridad, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto denominado ‘Ley contra el crimen organizado’.
Para contrarrestar la creciente inseguridad, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto denominado ‘Ley contra el crimen organizado’.
La delincuencia crece en forma alarmante en nuestro país e, incluso, parece desbordar a la Policía Nacional. Con la finalidad de enfrentar los sofisticados procedimientos del hampa, el Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley Contra el Crimen Organizado.