Ni el incremento de los robos al paso, de los asaltos en viviendas, de los asesinatos por encargo y de las extorsiones han hecho que el gobierno asigne una partida especial a los administradores de justicia para aplicar la Ley contra el Crimen Organizado –Ley N° 30077–, que comenzó a regir desde ayer.
El mismo presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, advirtió esta grave situación. Pese a que ha dispuesto la creación de 60 juzgados y salas especializadas en todo el país para encarar este desafío, ha aclarado que la implementación de los mismos “está supeditada a la transferencia de recursos que realice el Ministerio de Economía” a su sector.
En tanto, el ministro del Interior, Daniel Urresti, dijo, a la salida del Foro del Acuerdo Nacional, que “no vamos a esperar a que lleguen los patrulleros ni a completar los 30 mil agentes para luchar contra la delincuencia, es necesario comenzar ya una ofensiva con lo que tenemos”. Así, dejó en clara evidencia la falta de recursos de la Policía.
NO HAY INTERÉS
Para Octavio Salazar, congresista y exministro del Interior, esta situación refleja que la seguridad ciudadana no es prioridad para el gobierno, a pesar de que esta se encuentra atravesando una grave crisis.
Refirió que, pese a que la norma especifica claramente que se debe destinar una partida especial a los operadores de justicia, el Ministerio de Economía no lo ha hecho.
“Lo que ocurre es que, cuando esta iniciativa legislativa fue enviada por el Ejecutivo para su aprobación, uno de sus artículos decía que los diversos sectores debían emplear sus propios recursos para aplicarla. Nosotros, en el Parlamento, modificamos esta parte e incluimos una partida especial”, recalcó Salazar.
El congresista manifestó que les ha enviado cartas al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación y al ministro del Interior para que acudan a la Comisión de Presupuesto a fin de que expongan sus necesidades para incluirlas en el presupuesto general de la República del próximo año.
¿Y mientras tanto? Refirió que el Ministerio de Economía podría otorgar un presupuesto ampliatorio de unos mil millones de soles, tal como lo ha hecho en otras oportunidades con diversos sectores.
“Es un tema delicado. Creo que se ha evaluado el peligro que se cierne sobre el Estado. Si no se hace algo de inmediato, esto se va a poner peor”, expresó.
BUENA NORMA
Sobre este tema, el premier René Cornejo resaltó que la Ley contra el Crimen Organizado “fortalecerá las capacidades y las acciones de inteligencia de la Policía”, la que podrá trabajar con mayor tranquilidad, ya que contará con mejores herramientas.
Resaltó que se ha capacitado a dos mil agentes sobre esta norma, que permitirá “afianzar la cooperación entre el cuerpo policial y los gobiernos regionales y municipales”. Sin embargo, no habló de la asignación de presupuestos para implementarla.
TENGA EN CUENTA
- La Ley contra el Crimen Organizado anula la confesión sincera y la confesión anticipada para 21 delitos, entre ellos, secuestro, homicidio calificado-asesinato, lavado de activos, entre otros.
- También le otorga herramientas a la Policía para que pueda efectuar trabajos encubiertos y facilita la interceptación de comunicaciones y el levantamiento del secreto bancario.
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