Es probable que nuestros jueces y fiscales aún no reparen que sus decisiones influyen gravitantemente en la paz social del país. Liberar delincuentes, escudándose en la aplicación fría de la ley o algunas veces incluso prevaricando, sin tomar en cuenta el efecto social que propician, solo genera en la población un sentimiento de odio contra ellos.
La justicia no debe ser el monopolio de un juez y un fiscal para decidir qué es correcto o incorrecto, sino aquella que la población pide cuando ve que la vida de sus hijos está en peligro, al no aplicarse el criterio socio-jurídico educado.
No considero socialmente conveniente que un individuo decida sobre lo que es justo o injusto. El monopolio de la verdad no debe estar en manos de una sola persona. Creo que una verdadera reforma de nuestra administración de justicia no consiste en modificar los plazos para hacer que los juicios demoren menos, sino el de poder establecer mecanismos de participación ciudadana para que la sociedad pueda tener voz y voto al determinar si una persona es culpable o inocente, y que el juez solo garantice el debido proceso e imponga la pena que la ley establece.
Algunos dirán que nuestra sociedad no está preparada para ello, pero debemos desde ahora propiciar un debate serio para una reforma profunda de nuestro sistema judicial. La sociedad no se siente representada por el actual sistema de administración de justicia. Nuestros jueces y fiscales no saben o no quieren interpretar el sentir popular cuando de imponer justicia se trata.
Asimismo, cuando un juez o fiscal desea ascender, las normas le exigen doctorados, maestrías, publicaciones de libros, etc., lo cual no garantiza que se conviertan en idóneos dictaminadores de justicia. Para ascender en la carrera judicial, lo que se debe buscar es que tengan calidad moral, experiencia ganada litigando y conocimientos para dar fallos justos y legítimos, y no una determinada cantidad de horas sentados en un aula o delante de una computadora escribiendo artículos y libros.
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