La renuncia de Gustavo Adrianzén a la cartera de Justicia era inevitable después de la reacción generada por la destitución de la procuradora Julia Príncipe. Los argumentos esgrimidos por el ex ministro de Justicia para desacreditar a la procuradora lo descalifican más a él que a ella: se trata de las mismas acusaciones ventiladas por la red de Rodolfo Orellana Rengifo a través de la revista Juez Justo, que involucran a su ex esposo Edwin Vizcarra Zorrilla, investigado por el delito de lavado de activos, mientras se desempeñaba como alcalde de la provincia de Huari (Áncash) entre el 2007 y el 2011.
Como no puede ignorar el abogado Adrianzén, los delitos son de carácter personalísimo y no podrían afectar a la procuradora, aun si el vínculo conyugal subsistiera. Pero resulta que el matrimonio fue disuelto en el año 2001 (¡hace 14 años!). Además, Adrianzén le ha mentido descaradamente al país (o es culpable de negligente ignorancia) al decir que conoció de estos hechos hace solo dos meses, cuando los procesos contra Vizcarra fueron investigados (y archivados) por el Ministerio Público con participación de la Procuraduría de la que él formaba parte, desde el año 2011 en adelante.
Al parecer, todo vale si se trata de proteger a la pareja presidencial y el ex ministro de Justicia se ha inmolado como bonzo en defensa de esa causa, evitando, por otra parte, la inevitable censura que se produciría en el Congreso. Sacrificio inútil si se tiene en cuenta la decisión unánime emitida ayer mismo por el Tribunal Constitucional, dejando sin efecto el hábeas corpus que pretendía blindar a la señora Heredia y su entorno más cercano.
En todo caso, es la oportunidad para que el Congreso haga valer sus fueros y exija la reposición de la procuradora Príncipe y, en caso contrario, plantee una interpelación al gabinete en pleno, ya que el primer ministro, inexplicablemente, también firma la resolución de cese.
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