Ricardo Monzón Kcomt
@rmk_04
Desde su despacho en Jesús María, Christian Salas dice estar feliz de no pertenecer más a la administración pública. Recuerda entre risas que en la época en la que fue procurador anticorrupción no tenía descanso por los múltiples casos que debía abordar. El gesto amable se le borra del rostro cuando empezamos a preguntarle por los avances del caso Odebrecht.
Se produjo la primera detención por el caso Odebrecht y otro personaje está prófugo. Estas acciones son producto del acuerdo de la Fiscalía con la empresa brasileña. ¿Este acuerdo fue bueno, entonces?
Las negociaciones en las que se encuentra la Fiscalía con directivos de Odebrecht Perú tienen como marco legal procesos de colaboración eficaz. Es decir, yo entiendo que esa información se la están proporcionando personas que conocen de la comisión de delitos.
Es decir, en este momento la Fiscalía ya tiene colaboradores eficaces.
Así es. Es lo que yo deduzco. Ese cuadernillo paralelo se desarrolla de manera secreta. Ese colaborador no es un testigo, es una persona que habría estado involucrada en los hechos de corrupción o lavado de activos. Es un delincuente que se arrepiente. Entonces, a raíz de esas conversaciones, entiendo que el fiscal ha ido corroborando estos datos y armó su caso. A raíz de ello es que se sustentan las detenciones de estas personas.
De estas reuniones y conversaciones deben haber salido varios nombres. ¿Qué piensa usted?
Sí, y el fiscal debe estar en pleno proceso de corroboración para luego pedir las medidas coercitivas correspondientes.
¿Estos colaboradores eficaces pudieron ser ex funcionarios y no necesariamente directivos de Odebrecht?
Podría ser. La información del caso ya fue públicamente ventilada y proviene de otros países. Los sujetos en el Perú que se consideran responsables, a estas alturas, ya están haciendo planes de fuga o ya fugaron, están buscando anular documentos o coordinando estrategias para limpiarse. ¿Quiénes se quedan? Los chiquitos. ¿Por qué no huyen? Porque al chiquito, como a Luyo, le imputan cohecho, que es un delito pequeñito. Si huye, agrava su situación. Si se queda y colabora, se disminuye su pena. Los chiquitos se van a quedar porque no les conviene huir, pero los peces gordos te apuesto que ya no están en el país.
Hay dos ex presidentes involucrados que están fuera del país…
Bueno, hay que ver el caso puntual de cada uno y qué datos hay en contra de ellos. Lo que hay que pedir es que la investigación sea veloz. Aquí estamos actuando tardíamente.
¿En general, ve que la acción de la Fiscalía es lenta?
En general, sí, porque toda la información del tema Lava Jato se conocía desde muchísimos meses atrás. La Fiscalía no le puso el ímpetu necesario, no puso el ojo donde debía ponerlo. Veo con mucha sorpresa que este caso en el Perú tiene recién 5 o 6 meses. Vamos muy lento.
Según lee usted el tema del Metro de Lima, ¿hay cabezas del gobierno aprista involucradas, de mayor grado que el viceministro Cuba, a las cuales Luyo podría sindicar?
Es posible que este señor involucre a altas personalidades, altos políticos, altos funcionarios. En este caso, una obra tan grande, que involucra millones, beneficios tremendos para la empresa; el monto de las coimas te hace ver que no fue un acto de corrupción aislado. La empresa estaba dedicada a cometer actos ilícitos con el objetivo de beneficiarse. Es decir, este caso es parte del modus operandi de la empresa. Pero para que la empresa logre esto no trataba con los integrantes de los comités de selección, tenía que tratar con alguien superior, alguien que tenga poder de decisión.
¿Y quién o quiénes podrían tener ese poder de decisión?
Desde el presidente de la República hasta algún alto funcionario del mismo ministerio, es decir, ministro, viceministro… Son autoridades que tienen ese poder de disposición.
¿Es decir, definitivamente para poder cometer actos de corrupción en el Metro de Lima tuvo que haber responsabilidad de alguien más que no es Luyo ni Cuba?
Yo estoy seguro de eso. La responsabilidad penal en este caso escapa al comité de selección. Va más allá. Pero ya será la investigación la que vincule a los funcionarios de rangos superiores.
Para eso es necesaria la colaboración eficaz a la que podría acogerse Luyo.
Y él deja entrever eso en su última intervención en la audiencia. Dice que la soga se rompe por el lado más débil. Es decir, él es el pequeño eslabón dentro de toda una cadena.
Usted vivió la corrupción en Áncash, donde actuó Odebrecht. ¿Cree que el ex ministro Daniel Figallo, con el que tuvo un particular entredicho, está o debería estar en el radar de la Fiscalía?
Si me preguntas si hay elementos de prueba contra él que lo vinculen a los actos de corrupción, te diría que no. Pero de que va a estar citado por lo menos en condición de testigo, seguro que sí. En el radar del Ministerio Público va a estar en algún momento porque esta investigación va a tocar necesariamente a los ex presidentes y a sus ministros.
Autoficha
- “Soy abogado penalista y director de la firma Salas Beteta Abogados, conferencista nacional e internacional, presidente de la Escuela de Litigación Oral y ex procurador anticorrupción del Estado. Estoy feliz de ya no ser funcionario público porque ahora ya estoy viviendo”.
- “Alejandro Toledo está procesado en el caso Ecoteva. Si en ese caso hubiera elementos de prueba que lo vinculen con lavado de activos, debe pedirse prisión preventiva. En el caso Odebrecht no se podría porque estamos en fase preliminar”.
- “Estamos en una fase preliminar de la investigación (de Odebrecht). Recién vamos a entrar en el proceso penal. En este momento, la labor del procurador se limita a hacer la denuncia o a suministrar información. El procurador está obligado a analizar datos y apoyar al fiscal”.
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