Juan Claudio Lechín,Desde Nueva York
Analista político
jclechin1@yahoo.com
Las mineras son minuciosas para evaluar sus inversiones pero sorprende la ceguera que tienen frente al análisis de riesgo político. Por culpa o excesivo rubor se niegan a mirar las sinuosidades políticas de las sociedades anfitrionas. Quizá por eso confían ciegamente en el diagnóstico económico al cual leen aliviados como diáfano, y exacto, reflejo de la sucia intimidad política. Crecimiento económico = a estabilidad política. Esta lógica es cierta en Estados Unidos y Canadá, pero rara vez en América Latina.
Al empresario (sobre todo al norteamericano) la política tercermundista, de astucias renacentistas e ideología recitada, le genera una reacción alérgica negadora. El problema es que toda negación de la realidad es una debilidad. Así, el bloqueo de Conga sorprendió a la Newmont, cuando sus analistas con solo guglear hubieran sabido que Santos vivió en Cuba, que es un radical formado, que hay una agenda antiminera azuzando a los más necesitados y que, con salir de San Isidro, las mentalidades del Perú son altamente tradicionales, ergo gobernadas no solo por las necesidades materiales sino por utopías políticas, paternalismo, prestigio, etc. “PKS Nota de coyuntura” (sept. 2013) informa acerca de 100 conflictos, entre latentes y activos. Si el bienestar económico fuera la panacea, se hubieran reducido en lugar de aumentar.
La negación de lo político-popular es vieja entre los liberales. En la Europa del siglo XIX, se angustiaron con el caótico desarrollo del liberalismo político y se desmarcaron. Sin dudar, los comunistas se agarraron las demandas liberales de ciudadanía, libertades sociales, reforma agraria, etc. Este “desmarque” fue calamitoso pues los comunistas se quedaron con mitad del liberalismo, con el pueblo (y lo social) y los liberales con las élites (y lo económico).
Quizá esta antigua negación hizo que Newmont, en su reporte anual (2012, 31), dijera tibiamente: “hay tensiones políticas y sociales” en Conga cuando la operación ya había sido paralizada.
Las mineras no deben intervenir en política pero su responsabilidad social sería mucho más beneficiosa para el Perú y para sus inversiones si miraran la realidad como es y no con ojos de primer mundo culposo.
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