Es indudable que el principal destino turístico de Perú requiere un aeropuerto que proyecte su crecimiento a futuro. El actual aeropuerto internacional permite recibir hasta 3 millones, el nuevo recibiría hasta 6 millones. Este viene siendo un proyecto requerido por los cusqueños desde hace décadas.
El caso Chinchero sigue dominando la escena política, ahora con un nuevo ministro, Giuffra, que intervino rápido para avanzar y tratar de solucionar el caso. De lograrlo, podrá ocuparse de una cartera sustantiva para un país que tiene un gran déficit de infraestructura y de la reconstrucción tras el fenómeno costero. El MTC comunicó el último domingo la resolución, por mutuo disenso, del contrato de construcción y operación de este aeropuerto. Si bien “no hay divorcio gratis”, con este acuerdo se pretende evitar que Kuntur Wasi, ganador del concurso, acuda a las cortes internacionales haciendo un reclamo que podría estar justificado y que generaría el riesgo de una indemnización importante en contra del Estado peruano. Además, le permitiría al Estado quedarse con el expediente técnico elaborado por el consorcio, necesario para iniciar el movimiento de tierras y la construcción para actuar con prontitud. Más aún cuando ha anunciado el movimiento de tierras –a la brevedad– como obra pública, trabajo que siempre fue su responsabilidad.
Este divorcio amigable implica un mutuo acuerdo no solo para resolver el contrato, sino implicará el reconocimiento, a través de una comisión de salida, de los gastos o inversiones incurridos por Kuntur Wasi y que serían reembolsados.
Que el movimiento de tierras sea obra pública no obliga a que la construcción y funcionamiento del aeropuerto sigan la misma modalidad. El Estado no tiene experiencia ni garantiza eficacia como operador y gestor de aeropuertos. Se podría licitar por separado la construcción de la operación.
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