Pasos perdidos

Quienes insisten en afirmar que la primera dama Nadine Heredia no tiene poder en el gobierno del presidente Ollanta Humala mienten o los obligan a negar lo que ya es evidente en predios del Ejecutivo y del Legislativo. En la época en que el congresista José Urquizo era ministro de Defensa, por ejemplo, las visitas de Heredia a la sede de Jesús María eran comunes. Sobre todo cuando se trataba de exposiciones de compras de armas y de equipamiento militar. El visto bueno de la primera dama o la “luz verde” –como lo llama el actual inquilino del sector Defensa– era básica para poner en marcha los contratos. ¿Beneficios?, ¿ahorro?, ¿ganancias? Nadie lo sabe. Y si a don Isaac, el patriarca de los Humala, ya no le llama la atención que a su hijo, el presidente, lo llamen ‘Cosito’, le comentamos otra de su nuera. La última vez que vino a nuestro país uno de sus yernos de Europa visitó Palacio de Gobierno. El francés tenía bien claro que el problema de su cuñado Ollanta con el clan Humala-Tasso no era suyo. Nuestras fuentes señalan que el mandatario recibió a su cuñado y dialogaron hasta que llegó uno de los asesores del litigio marítimo con Chile en la Corte de La Haya. El gobernante le pidió a su cuñado que fuera su traductor porque no domina el francés. La reunión sobre este tema, trascendental para el país, transcurrió con normalidad hasta que llegó la primera dama. Allí vino la sorpresa: “¿Le puedes repetir todo (a Nadine)?”, le dijo Humala a su cuñado, quien no tuvo más opción que hacerlo. Y, la última. Hace poco, Nadine llegó a una reunión de la bancada oficialista (fuera de Lima) en la que proclamó a ‘su candidato’ Jaime Delgado a la Presidencia del Congreso. Urquizo, el candidato de Humala para ese cargo, se descompuso ante el anuncio y no dijo nada. ¿Alguien duda del poder de Nadine?

El pedido de Ollanta Humala a los magistrados del Tribunal Constitucional para que se inhiban de resolver procesos en curso, “porque están de salida”, y la nominación de tres nacionalistas a ese órgano de control evidencian la intención del Gobierno de controlar la institución por la que en los próximos meses, se da por descontado, desfilará una retahíla de demandas de inconstitucionalidad contra normas aprobadas a rajatabla por el régimen, como las leyes del Servicio Militar y del Servicio Civil. Según el mandatario, el Ejecutivo no pretende tener injerencia sobre el TC. Lo que no dice ni dirá es que son sus acólitos: los hermanos Otárola, los encargados de operar políticamente sobre dicho tribunal.

Con los crespos hechos quedaron los integrantes de la comisión evaluadora de candidatos a la Defensoría, Tribunal Constitucional y Banco Central de Reserva la noche del jueves cuando, imprevistamente, el fujimorista Héctor Becerril les pidió un receso antes de firmar el acta con los nombres de los 10 aspirantes que someterían a consideración del Pleno. “Se han presentado dificultades”, habría dicho Becerril ante el desconcierto y cuasi desesperación de los oficialistas Víctor Isla y José Urquizo y de Luis Galarreta.

Dicen que el que la sigue la consigue, y eso es lo que habría logrado la lisonjera ministra de la Mujer, Ana Jara, a quien si algo hay que reconocerle –al margen de algunos logros en su desempeño sectorial– es su resistencia frente a los desplantes y ‘cuadres’ de ‘la jefa’.

La autorización al presidente Humala para que viaje a la ceremonia de proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela marcará, qué duda cabe, la agenda política de los siguientes días. No solo fue el protagonismo del jefe de Estado en este reconocimiento al nuevo régimen chavista en la tierra de Bolívar, sino también el papel que ha jugado en este tema Alejandro Toledo.

En vísperas de conmemorarse la Semana Santa, el exalcalde Luis Castañeda Lossio anda buscando con lupa al “Judas” –como él mismo lo ha calificado entre sus allegados– que lo “traicionó” divulgando un audio sobre su reacomodo político en pleno proceso de revocatoria a su sucesora en el sillón municipal.

Las renuncias de sus exdirigentes Jorge Villacorta y Gilberto Díaz a Perú Posible no parecen haber inmutado al líder de esa agrupación Alejandro Toledo, quien por estos días anda más preocupado por el escándalo desatado por la compra de una residencia de casi US$ 4 millones por parte de su suegra que por el inminente desbande de su militancia.

Nada bien andan las cosas en Gana Perú. El accidentado proceso de elección del defensor del Pueblo y la suspensión de Javier Diez Canseco han puesto en evidencia, una vez más, las pugnas que otrora influyentes figuras del nacionalismo libran por mantener su cuota de poder en el partido de gobierno.

Al cabo de más de un año de idas y venidas, y de una convivencia política matizada por altibajos y desencuentros, queda claro que el ‘servinacuy’, pacto, alianza, o como ellos quieran llamarle, entre Gana Perú y Perú Posible –léase Ollanta Humala y Alejandro Toledo– no es más que uno de esos matrimonios arreglados por conveniencia.

El manejo político y las ‘gollerías’ que disfrutan quienes integran la Mesa Directiva del Congreso ha despertado el interés de no pocas bancadas, pero, sobre todo, ha desnudado su escaso compromiso con sus electores.

Ollanta Humala se habrá quitado de encima el lastre que representaba para su Gobierno un sector de la izquierda, pero no ha podido (o no ha querido) hacer lo mismo con cuestionadas exdirigentes cocaleras. Primero fue Nancy Obregón quien, con una “envidiable” carta de presentación en la que destacan los golpes e insultos a personal del Corah y a miembros de seguridad del Congreso, y gracias al desprendimiento de Daniel Abugattás, ancló en la planilla del Parlamento bajo el pomposo título de “gestora” y con un sueldo que superaría los S/.7,000 mensuales. Esta semana le tocó el turno a Elsa Malpartida. Sí, la misma que siendo ya parlamentaria andina electa irrumpió en el hemiciclo en 2006, y que cuatro años después, confrontada por la prensa, se vio obligada a reconocer que en la década del 90 colaboró con Sendero Luminoso donde habría coordinado estrechamente con el hoy cercado ‘camarada Artemio’. Ambas sin oficio ni beneficio, al igual que Carmela Chumbiray que, en una reedición muy particular de la multiplicación de los panes, aportó S/.10,000 a la campaña de Ollanta Humala ganando apenas S/.40 mensuales. Todos estos simples detalles por los que no vale la pena cortarse las venas, ha dicho el ministro de Vivienda, René Cornejo, siempre dispuesto a justificar lo injustificable y a seguir a pie puntillas los dictados palaciegos. Esta situación, sin embargo, no sería del agrado de algunos militantes; muchos de ellos exlegisladores que no postularon o no lograron la reelección y que todavía se encuentran “pateando latas”. El reclamo ya habría llegado a Palacio; la lista es larga. Paciencia les han pedido. El programa ‘Mi chamba’, señores, recién empieza.

El Movadef vende la idea de que lo que vivió el Perú entre 1980 y el 2000 fue un “fenómeno político”, y plantea una amnistía general con el soterrado objetivo de conseguir la libertad de Abimael Guzmán, para ellos, “el más importante preso político”.

El 78% de la ciudadanía, según el último sondeo de Datum Internacional, respalda la suspensión de 120 días impuesta al congresista Omar Chehade. Dentro de ese porcentaje, sin embargo, es seguro que no están incluidos los parlamentarios de Gana Perú y, menos todavía, el titular del Legislativo, Daniel Abugattás, cuyo ingenio para lanzarle un salvavidas tras otro a su segundo vicepresidente no deja de sorprender.