Pasos perdidos

El pedido de Ollanta Humala a los magistrados del Tribunal Constitucional para que se inhiban de resolver procesos en curso, “porque están de salida”, y la nominación de tres nacionalistas a ese órgano de control evidencian la intención del Gobierno de controlar la institución por la que en los próximos meses, se da por descontado, desfilará una retahíla de demandas de inconstitucionalidad contra normas aprobadas a rajatabla por el régimen, como las leyes del Servicio Militar y del Servicio Civil. Según el mandatario, el Ejecutivo no pretende tener injerencia sobre el TC. Lo que no dice ni dirá es que son sus acólitos: los hermanos Otárola, los encargados de operar políticamente sobre dicho tribunal.

Puesta al descubierto su reunión con el magistrado Gerardo Eto, el legislador Fredy Otárola se ha justificado diciendo que fue para coordinar un evento académico en Huaraz. Fuentes de Pasos Perdidos, sin embargo, aseguran que el plato de fondo del cónclave fue el caso de los bonos agrarios que tanto le preocupa al jefe de Estado, y en el que Eto habría fallado a favor de que se ejecute la sentencia. No solo eso. Sostienen también que, en su intento de convencerlo de que retire su firma, Otárola le habría ofrecido nada menos que el Ministerio de Justicia.

Nuestros informantes precisan que el extitular de Defensa Alberto Otárola también tiene lo suyo. Semanas atrás habría visitado a otro magistrado, Carlos Mesía, para “exhortarlo” a que retire su firma a favor del hábeas corpus de Antauro Humala. Sí, leyó bien. Su ‘pedido’ fue para que NO se anule el juicio al hermano del mandatario. Y añaden que, como al descuido, le recordó al jurista una antigua denuncia de Perú21 sobre la propiedad de 5 viviendas a nombre de su esposa, cada una valorizada en US$350,000. Poder de persuasión le dicen.