Honduras: Polémica por ‘ciudades modelo’

Inversores privados podrán contar dentro de seis meses en Honduras con áreas donde tendrán su propia Policía, leyes y sistema judicial sin pagar impuestos al Estado central al ponerse en marcha ayer el polémico proyecto de las llamadas “ciudades modelo”.

Un grupo internacional de inversores y representantes del Gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento en el Congreso Nacional con el objetivo de que el proyecto, calificado por algunos de “motor de desarrollo” y por otros de “catástrofe para Honduras” comience a funcionar en los próximos meses.

“Hemos trabajado durante un año con diversos grupos de inversionistas para que una inversión de la magnitud que prevemos pueda realizarse”, dijo Carlos Pineda, Presidente de Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada creada por el gobierno.

Por su parte, el cofundador y copresidente del grupo inversionista MGK, Michel Strong, declaró que “el futuro recordará hoy como el día en que comenzó el desarrollo de Honduras” porque “creemos que esta va a ser una de las transformaciones más importantes del mundo, con la que Honduras erradicará la pobreza creando miles de empleos”.

El presidente del Congreso, Juan Hernández, dijo que el Gobierno hondureño ha recibido de las autoridades de Corea del Sur US$4 millones para los trabajos iniciales y que las tres primeras ciudades modelo serán creadas en el Valle de Sula, en la zona de Puerto Castilla y en el sur del país, sin especificar más detalles.

Hernández anunció que el grupo MGK invertirá inmediatamente US$15 millones para comenzar con la infraestructura más básica de la primera ciudad modelo con los que pretenden crear 5,000 empleos en los próximos seis meses y hasta 200,000 empleos en el futuro.

Una Región Especial de Desarrollo o “ciudad modelo” es un “ente de naturaleza urbana creado con el propósito de adoptar tecnologías que permitan producir un alto valor agregado” y “con capacidad de captar la inversión nacional y extranjera“que se requiere “para crecer aceleradamente” y puede “dotar a la población de los servicios de educación, salud y seguridad” según su estatuto constitucional, aprobado en agosto de 2011.