Carlos Meléndez,Persiana Americana
En el discurso de promulgación de la nueva Ley Universitaria, el presidente Humala hizo referencia a uno de los objetivos de esta norma: “(Se) terminarán con las universidades caja chica de agrupaciones políticas”. Aunque dicha ley es controversial, promete abordar el problema de la mercantilización de la educación superior, cuyo ánimo de lucro ha ganado influencia en la política electoral.
El negocio de la educación superior y las ambiciones políticas pueden ser, lamentablemente, complementarios. Una casa superior de estudios puede ser fuente de recursos para la política y también erigirse como sustituto partidario. Así, en épocas de ‘descanso’ electoral, cuadros políticos importantes fungen como personal administrativo y cuerpo catedrático; asimismo, periodistas escuderos son asiduos conferencistas de estas ‘aulas magnas’.
En épocas electorales, los recursos universitarios sirven a fines políticos: docentes de perfil técnico se convierten en promisorios operadores de proyectos para obras, se regalan becas universitarias a hijos de potenciales candidatos y las instalaciones docentes se disponen para las actividades proselitistas. Así, la ‘caja’ resulta más grande de lo que se cree.
Los estudiantes no quedan excluidos de esta fórmula. En tales universidades ha decrecido la vara académica al punto de la mediocridad. (Recuerde que postulantes que no ingresaron a San Marcos fueron admitidos por una universidad privada-caja-chica). La masa crítica estudiantil es pobre, pero agradecida de la ‘inclusión educativa’ con cartón universitario. Esta gratitud se expresa en apoyo político: desde el simple voto hasta el activismo digno de un APP-causita. El resultado es una educación universitaria servil a la politiquería más barata.
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