25.NOV Lunes, 2024
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Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Pese a los indicios sobre el alcance al máximo nivel de las irregularidades en el gobierno anterior, el Poder Judicial ha anulado los informes de la ‘Megacomisión’ parlamentaria que acusaba al expresidente García de diversos cargos. La decisión se justificó en una falta procesal por parte de los investigadores. Sin duda, el resultado es perjudicial para el esclarecimiento de tan polémicos casos.

Carlos Meléndez,Persiana americana
A raíz de esta intervención del Poder Judicial en fueros legislativos, los detractores del aprismo han acusado a dicha institución de pro-aprista, asumiendo que la resolución a favor de García se fundamenta en estas preferencias políticas. Pero, si se imputa a Palacio de Justicia de abrazar la “estrella aprista”, se debería reprochar también a los miembros de la comisión legislativa y a parte del sistema de lucha anticorrupción por regirse por claros sesgos anti-apristas.

Si los encargados de investigar objetivamente la corrupción portan identificación política definida (en este caso, nacionalista), la animadversión contra sus opositores (que adquiere casi niveles ideológicos) termina jugando a favor de sus rivales. Así, sus estrategias políticas –investidas de “justicia”– pifiaron. Este séquito –empachado con el aplauso de sus groupies, sin capacidad de autocrítica y autoungido víctima de un sistema corrupto– podría proseguir su carrera política habiendo perjudicado intereses nacionales.

La impunidad es fruto de la politización de la justicia, en la cual son cómplices aquellos cegados por sus preferencias políticas al restringir la responsabilidad pública a capital político. La justificada indignación ciudadana por la exención generada por el fallo soslaya la responsabilidad de los actores anti-corrupción: accidentales socios de la impunidad.


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