Sindicatos presionaron contra reforma del empleo público

Alicce Cabanillas
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Cerca de la medianoche, la ley del Servicio Civil, con la que el Gobierno de Ollanta Humala planea iniciar la reforma del empleo público, habría logrado consenso en el Pleno del Congreso y su aprobación parecía inminente.

Su discusión se alargó y fue interrumpida hasta en dos oportunidades, debido a que en la propia bancada oficialista –el partido nacionalista– no había acuerdo para apoyar la iniciativa. A ello, se sumó la férrea oposición del grupo parlamentario fujimorista.

La iniciativa, cuyo texto original fue enviado por el Ejecutivo, abarca a 500 mil trabajadores de tres régimenes laborales: Decreto Legislativo N° 728, Decreto Legislativo N° 276 y el Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Su objetivo es crear un único régimen, denominado Servicio Civil, al cual ingresarán los trabajadores, por decisión libre, siempre y cuando aprueben las evaluaciones que se aplicarán. Si lo logran, accederán a todos los beneficios sociales, capacitaciones y hasta podrán ascender.

POSICIONES ENCONTRADAS
El primer escollo para la aprobación de la norma surgió cuando el Pleno decidió que se expusiera, primero, la versión de la Comisión de Trabajo, cuyo texto difiere, de fondo, de la propuesta del Ejecutivo.

Así, por ejemplo, no permite el despido de un empleado si este no aprueba hasta en tres veces los examenes para ingresar el nuevo régimen.

Sergio Tejada, legislador nacionalista, se mostró en contra de esa disposición. “No se pueden eliminar las pruebas de desempeño, si no ¿cómo se establece la meritocracia?”, se preguntó.

Para ilustrar la necesidad de implementar esta reforma, el parlamentario Roberto Ángulo comentó que en el hospital de Chepén (provincia de La Libertad), “hay 11 choferes para dos ambulancias, aunque por lo general solo funciona una”. Inmediatamente, Javier Velazquez Quesquén, del Apra, le respondió. “Hace dos años, los nacionalistas defendían a los trabajadores estatales, ahora dicen que son ociosos y calienta asientos”, sostuvo.

Ante la falta de acuerdo, la fujimorista Martha Chávez solicitó que el proyecto retornara a la Comisión de Trabajo para un mayor debate. La propuesta fue rechazada por la mayoría y continuó la discusión.

Fue necesario un cuarto intermedio (interrupción), que se prolongó por tres horas, para que los legisladores se pusieran de acuerdo y trabajaran un texto único, el cual tampoco logró mayoría.

Finalmente, se esperaba la votación del texto de la Comisión de Presupuesto, que recoge casi en su totalidad los planteamientos del texto original del Ejecutivo.

MODIFICACIONES

- No se permitirán descuentos
Texto final respeta el derecho a huelga de los trabajadores, detalló el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Juan José Díaz.

- Oportunidad para discapacitados
Si un trabajador queda en discapacidad, la entidad pública está obligada a facilitar su continuidad laboral. Para ello, tendrá que realizar las adaptaciones correspondientes.

- Beneficios
El cálculo de las gratificaciones y Compesación por Tiempo de Servicios (CTS) será establecido por el sector correspondiente, en un posterior reglamento.

- *Costo y aplicación
La Presidencia del Consejo de Ministros ha estimado que al final de su implementación esta reforma le costará al Estado S/.2,328 millones. Asimismo, ha previsto que su implementación tomará al menos unos siete años.