El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República la modificación de la Ley Universitaria 23733, en la que plantea las causales de expulsión de los estudiantes que participen en actos de violencia.
El proyecto agrega que también podrían ser expulsados los universitarios que realicen inscripciones o pintas, que promuevan u ocasionen daños personales o materiales o que alteren el desarrollo de las actividades internas.
En los pedidos de expulsión le corresponde actuar en primera instancia al consejo universitario. El caso puede ser apelado ante la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). En todo procedimiento sancionador debe respetarse el derecho al debido proceso.
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