Carlos Meléndez,Persiana Americana
El presidente Ollanta Humala ha señalado –en la entrevista del domingo pasado– que revisará el proceso de descentralización. En su superficial diagnóstico, la reelección inmediata de presidentes regionales y el uso autónomo del canon son factores a considerar. Esta iniciativa es preocupante porque los políticos amateurs –como Humala– suelen llevar adelante reformas perjudiciales.
La descentralización política establecida por Toledo en 2002 se generó, sobre todo, por presiones sociales. Se ejecutó en un contexto donde los partidos nacionales apenas retornaban de sus cuarteles de invierno (producto de la hegemonía autoritaria del fujimorismo en los 90) y terminaron rebasados por organizaciones regionales de corta vida y sin incentivos para institucionalizar la política local (a pesar de ello, la descentralización se puso en marcha y debiera ser irreversible).
Pero hoy, nuevamente, la presión social aparece como mala consejera palaciega. El caso de César Álvarez en Áncash ha impresionado a la opinión pública de tal manera que se quiere vender la idea de que ‘reelección’ es sinónimo de ‘corrupción’. El problema es la ausencia de un cuerpo crítico para proponer modificaciones certeras y rebasar diagnósticos impresionistas. La Comisión de Constitución del Congreso no parece contar con el sentido común requerido (luego de analizar sus innovaciones legales).
En el Ejecutivo escasean los cuadros políticos que puedan guiar las enmiendas (quizás solo en la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad). En otras palabras, para una gestión que no se resiste a la tecnocracia no existe el criterio experto capaz de rectificar los vacíos e incentivos negativos de un diseño institucional improvisado y contraproducente.
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