La polémica recién empieza. Congresistas de distintas bancadas expresaron sus reservas en torno al proyecto de ley del Ejecutivo que propone pena de cárcel, no menor de cuatro ni mayor de ocho años, a quienes públicamente nieguen, justifiquen, aprueben o minimicen los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas.
El segundo vicepresidente del Parlamento, Juan Carlos Eguren, reconoció la intención de “proteger a la sociedad” de un rebrote de ideologías vinculadas al terrorismo, pero también advirtió que el carácter subjetivo de la norma conlleva riesgos.
LIBERTADES EN RIESGO
Uno de ellos, dijo, es la vulneración de derechos y garantías constitucionales como la libertad de opinión y de expresión e, incluso, el del libre ejercicio de la prensa. “Otro peligro es que grupos ideológicos pretendan utilizar la iniciativa para arrinconar a las Fuerzas Armadas y Policiales hablando de terrorismo de Estado, cuando lo que ha habido son excesos en casos puntuales”, subrayó.
Carlos Bruce, por su parte, declaró a Perú21 que el proyecto debe analizarse con cuidado para evitar que deje un resquicio que permita penalizar las opiniones. Tanto él como Eguren reclamaron un intenso debate de la propuesta y rechazaron de plano su discusión en el Pleno sin antes haber sido analizada por la Comisión de Justicia.
Bruce se refirió también a las expresiones del premier Juan José Jiménez, que responsabilizó al Parlamento en caso de que la norma no sea aprobada. “No debería adelantarse. En democracia tenemos que analizar la cosas”, aseveró.
En tanto, el vocero de Solidaridad Nacional, Michael Urtecho, descartó el aval de SN a cualquier norma que atente contra la libertad de expresión, tras lo cual reclamó la presencia del premier ante el Pleno para que explique los alcances de su propuesta. Una postura contraria fue la de Carlos Tubino (Fuerza 2011), quien señaló que la democracia debe generar mecanismos de defensa como este, sin que ello implique una vulneración de derechos.
SABÍA QUE
- El proyecto, que modifica el artículo 316-A del Código Penal, sanciona con cárcel a quienes justifiquen o nieguen los delitos cometidos por organizaciones terroristas.
- La medida alcanza a quienes “enaltezcan a los responsables de dichos delitos, estimulen la violencia terrorista o sirvan como medio para adoctrinar con fines subversivos”.
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