10.MAY Viernes, 2024
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Opinión

Alfonso Baella Herrera,Uso de la palabra
Comunicador

La Ley Universitaria fue aprobada a trompicones y en un debate de solo algunas horas. El texto –de 133 artículos y varias disposiciones transitorias– fue sancionado el jueves pasado, a pesar de que se trata de un nuevo documento respecto al que fue aprobado hace varios meses en la Comisión de Educación y del que se ventiló el miércoles en el Pleno. La propuesta legislativa fue aprobada por 56 votos a favor, 46 en contra y tres abstenciones. Luego fue exonerada de la segunda votación por temor a que esa primera votación sea reconsiderada.

Nadine Heredia, jefa del partido nacionalista, salió del anonimato virtual y lanzó varios comentarios vía Twitter, como para poner su firma y sello personal, y reveló así que fue ella la que realmente estuvo tras bambalinas. En su cuenta escribió: “El PNP respalda la Ley Universitaria y felicita al congresista Mora y a todos los actores que han hecho posible esta reforma”, y añadió: “Con nueva Ley Universitaria los estudiantes podrán elegir a sus autoridades y fortalecer su participación en el gobierno de la universidad”.

Una ley, de importancia capital, cuyo impacto y trascendencia recae sobre el presente y el futuro de millones de peruanos fue impuesta –no debatida con amplitud– por un gobierno que apenas –y todavía– puede juntar votos para hacer una escueta mayoría dentro del Congreso.

Sin embargo, el debate ha puesto sobre el tapete la libertad de inversión, la gestión privada en la educación, la libertad de enseñanza y el derecho a elegir libremente dónde y qué estudiar. También permitió reconocer actores políticos que rechazan la inversión –con cualquier pretexto–, que intentan controlar la universidad, hacerla discriminatoria, intervenir en sus presupuestos y en general afectar, en verdad, la autonomía universitaria cuando se crea la llamada Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Suneu), dependiente del Ministerio de Educación –es decir, del poder político–, que se encargará de decidir y aprobar lo que es calidad educativa, el uso de recursos y el licenciamiento cada seis años.

El presente y el futuro de la educación universitaria estará ahora, y a partir de esta ley, en manos de un grupo de burócratas. Aun cuando es imperativo mejorar la universidad peruana, es necesario preservarla del poder de turno y un debate de esta importancia no debe darse desde el Twitter, sino frente a los ciudadanos, con el tiempo, respeto y tolerancia que un tema de esta importancia amerita.


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