18.MAY Sábado, 2024
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Colaboradores eficaces ayudaron en detención

POR LAS PURAS. Fuerzas del orden no tienen respaldo. (USI)
POR LAS PURAS. Fuerzas del orden no tienen respaldo. (USI)

El 27 de setiembre, patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía ejecutaron el operativo ‘Dédalo-2013’, con el objetivo de desarticular la red de apoyo militar y financiero de Sendero Luminoso y así aislar a sus principales cabecillas y militantes en el Valle de los Ríos Apurímac-Ene-Mantaro (VRAEM).

Con una orden judicial y la colaboración del Ministerio Público, agentes encubiertos de la Dircote y la Dirandro, apoyados por comandos militares, intervinieron a 25 personas en diferentes zonas del distrito de Pichari, provincia cusqueña de La Convención; y el distrito Mazamari, en la provincia de Satipo (Junín).

Los detenidos fueron sindicados por un grupo de colabores eficaces como los que financiaban las actividades subversivas en el VRAEM con dinero del narcotráfico, además de suministrar armas, municiones, explosivos, medicinas y transporte terrestre a los senderistas.

La intervención también fue producto de las interceptaciones telefónicas que realizó la Dirandro a través del grupo de élite ‘Constelación’, cuyo trabajo también arrojó que los detenidos eran informantes de este grupo terrorista para atentar contra las fuerzas del orden de la zona o realizar actos de sabotaje contra instituciones públicas y privadas.

Incluso, dos de ellos tenían antecedentes de haber militado y participado en este sanguinario grupo subversivo desde hace décadas.

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados desde Pichari y Mazamari a la sede de la Dircote en Lima. Sin embargo, 15 días después fueron puestos a disposición del Poder Judicial donde se les abrió proceso, pero sin detención de por medio, como se esperaba.

DATOS

- El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se presenta hoy en el Congreso donde explicará lo ocurrido con este operativo y la orden de comparecencia que determinó el Poder Judicial para los detenidos.

- Los procesados han retornado a sus respectivos lugares de origen y amenazan con denunciar a las fuerzas del orden.


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