La caridad empieza por casa

Roberto Abusada,Uso de la palabra
Economista

Con su notable progreso en los últimos 20 años, el Perú ha conseguido el milagro de pasar de ser un estado fallido, a ser reconocido como uno de los países más respetados de la región. Estabilidad económica, apertura al mundo, y los esfuerzos para mitigar la pobreza han despertado admiración internacional. A esto se añade el encomio por la manera que enfrentó su diferendo marítimo que la prestigiosa revista The Economist describe como “la manera adulta” de resolver conflictos y la excelente calidad de su crédito financiero internacional.

Pero a la hora de honrar la deuda con sus propios ciudadanos el Perú se ubica último en la lista.

La semana pasada el gobierno publicó dos decretos para saldar las deudas relativas a la reforma agraria de hace 40 años, y aquella reclamada por los aportantes al FONAVI. En ambos instrumentos el Estado parece hacer acrobacias en su intento de rebajar el monto a pagar. Dicta normas controvertidas y justifica tácitamente su actitud apelando a la narrativa de que el pago de tales deudas compiten con los gastos para el alivio de la pobreza.

Veamos la deuda agraria. Aquí el estado aborda la demanda de actualizar las deudas y usa un tipo de cambio que llama de “paridad” remontándose a la mitad del siglo pasado para obtener “promedios”. Penaliza a aquellos tenedores que empezaron a cobrar sus cupones (probablemente los más necesitados al momento de la expropiación) y decreta prelación en los pagos como si los deudores hubieran acudido al Indecopi.

A mi juicio el gobierno debería entender que ya no es el estado fallido del final de los ochenta, donde nos vimos obligados a enfrentar nuestros pagos usando, cual pulpería, el concepto de “caja diaria” (pago hoy con lo que me ingresó hoy) y enfrentar sus obligaciones como lo que es: un país con deuda neta insignificante y con acceso a cuanto crédito desee.

En el proceso de reforma agraria se emitieron bonos por valor de S/.17,500 millones (de los antiguos) que al cambio a de 38.7 soles por dólar y actualización con tasa de 5% (el promedio de tasas que se incluía en los bono) se convierten en $3,183 millones.

Aquí es importante anotar que como máximo sólo un 40% a 45% de esa cifra será reclamada por los deudores—algunos canjearon bonos, otros cobraron parte, otros enjuiciaron al Estado y obtuvieron pago actualizado, y finalmente hay quienes jamás revindicaron la deuda. Por lo tanto, estamos ante una obligación de menos de $ 1,500 millones.

Mi recomendación: emítase un bono en soles por ese monto, o reábrase el bono de muy largo plazo ya existente y sáldese esa deuda.

Finalmente, aunque nos causa rabia y escozor que un “fondo buitre” haya adquirido a precio vil un 4% de esa deuda, hay que reconocer que la culpa es nuestra por desatender el tema por 40 años. De otra manera nos expondremos a ser tratados de la misma ominosa manera como es tratada la Argentina por los jueces en Nueva York.